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Hoy #23DeSeptiembre se conmemora el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas, promulgado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres realizada en Dhaka, Bangladés, en enero de 1999.

Estableciéndose como una fecha emblemática, al ser promulgada el 23 de septiembre del año 1913 en Argentina, la primera ley en el mundo destinada a luchar contra la explotación sexual, protegía a las víctimas y penalizaba a los responsables, denominada «Ley Palacios»; porque fue redactada e impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios. La explotación sexual y la trata de personas son delitos sexuales atroces que afectan principalmente a niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Efectivamente existe una alta vulnerabilidad de mujeres y niñas en contextos humanitarios, donde se ven frecuentemente expuestas a situaciones de explotación sexual y todo tipo de violencias sexuales, incluyendo la Trata.

En este sentido, la UNODC señala que la explotación es una «dinámica que se ve exacerbada durante crisis humanitarias caracterizadas por una violencia generalizada, desplazamientos en masa y desintegración de estructuras familiares».

Es por ello, que los Estados deben promover mecanismos de prevención, atención, protección, investigación, juzgamiento y sanción de la explotación sexual y la trata de personas que aseguren los derechos humanos de mujeres y niñas.

A través de la #LaMejorRuta promovemos información y nos sumamos a la lucha contra cualquier forma de explotación, ¡Únete a nuestra campaña!, comparte la información.

#LibresDeViolencias
#NoMásTrata
#MigrarConDerechos

Dhayana Carolina Fernández-Matos

@dhayanamatos

Aunque sea un lugar común, hay que repetir las veces que hagan falta, que la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes por razones de género es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación que atenta contra la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y es una barrera para llevar adelante el proyecto de vida. 

Si las mujeres, las adolescentes y las niñas no tienen garantizado el derecho a una vida libre de violencias, es muy poca la eficacia del resto de los derechos humanos. Es importante tener presente que son los Estados los principales responsables de protegerlos y garantizarlos, pero se precisa del compromiso y la corresponsabilidad de todos los sectores sociales y de las fuerzas vivas de un país, lo que incluye a las organizaciones no gubernamentales, de cooperación internacional, académicas, culturales, así como de quienes habitan en un espacio geográfico determinado.

El abordaje de las violencias contra las mujeres, en particular de las migrantes (se usa este término en sentido amplio que incorpora a las mujeres refugiadas, solicitantes de refugio, necesitadas de protección internacional, migrantes y cualquier otra forma de movilidad humana que implique cruce de fronteras internacionales) que es el grupo que interesa destacar en esta nota, no puede hacerse de manera simplista, buscando las causas de estas en un factor, se requiere un enfoque multidimensional. 

Hay que ir a la raíz de la cuestión: la causa se ubica en las relaciones desiguales de poder y al control que se ejerce sobre las mujeres, quienes se encuentran en una situación de subordinación y desventaja. A ello debe agregarse el mantenimiento del sistema patriarcal, que se puede manifestar de distintas maneras de acuerdo a diferencias culturales y geográficas, pero en todos los casos está determinado por el dominio y autoridad de los hombres sobre el conjunto social, la socialización diferenciada que indica la forma de ser hombre y ser mujer en una sociedad determinada y los mecanismos de control del poder (Arnoso, Arnoso, Mazkiaran e Irazu, 2013).

La interseccionalidad

Aunque todas las mujeres, las adolescentes y las niñas pueden estar en riesgo de violencia por razones de género, no son afectadas de igual manera y es necesario incorporar en los análisis otros sistemas de dominación que se conjugan con el género para generar mayor vulnerabilidad y exclusión, entre ellos destacan: el origen étnico, nacional, racial, clase social, orientación sexual, entre otros. Es por ello que se debe incorporar un análisis interseccional.

La interseccionalidad fue usada por primera vez por la abogada afroamericana Kimberlé Crenshaw en el año 1989 para visibilizar las distintas formas de discriminación. Se trata de una herramienta teórica y metodológica que permite analizar “la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder” (Viveros-Vigoya, 2016: 2). 

La interseccionalidad resulta una herramienta útil para describir los distintos mecanismos de producción y reproducción de las desigualdades y formas de dominación. Además:

• Viene a complejizar la concepción de género al concebirla como una dimensión, entre otras, en el complejo tejido de las relaciones sociales y políticas.
• Aborda una de las preocupaciones centrales para los estudios feministas como son las diferencias entre las mujeres, desafiando el modelo hegemónico de mujer universal.
• Complejiza los enfoques que intentan reducir las experiencias de los sujetos bajo el lente de una sola categoría (Magliano, 2016).

En el abordaje de las violencias contra las mujeres, las adolescentes y las niñas migrantes, el enfoque interseccional permite tener en cuenta los factores que contribuyen a reproducir las desigualdades, tales como la pobreza, el origen nacional, el grupo etario, la condición de discapacidad, entre otros, que exacerban los riesgos y vulnerabilidades.

Un análisis interseccional permite tener en cuenta que una adolescente venezolana, que viaja por carretera, sola o no acompañada, pobre, está expuesta a riesgos mayores a los que puede enfrentar una joven que viaja con sus representantes, por avión y con las condiciones mínimas de vida satisfechas. Ambas están expuestas por ser mujeres, pero no de la misma forma ni en el mismo grado.

Una mujer clase media, profesional, que migra porque aceptó una oferta de trabajo y tiene los documentos oficiales del país de acogida para una estancia regular, no se expone a los mismos riesgos que otra que se encuentra en situación irregular, sin documentos y se dedica a la economía informal. Esas diferencias hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar y ejecutar programas de atención para las mujeres migrantes.

El ciclo de la movilidad humana y las violencias contra las mujeres, las adolescentes y las niñas

Los riesgos a los que se enfrentan las mujeres por la violencia basada en género comienzan incluso antes del nacimiento con la selección prenatal del sexo, continúan a lo largo de la vida –con distintas manifestaciones de violencia- y no terminan en la ancianidad, ya que las viudas y las mujeres adultas mayores pueden ser sometidas a distintos tipos de abuso. 

 

Figura 1. Ciclo de movilidad humana

Fuente: Elaboración propia.

En cada etapa de la vida y en virtud de los diferentes ambientes y relaciones sociales que se establecen, las mujeres se ven expuestas a distintos tipos de violencia (ONU Mujeres, 2010). Esto también pasa en los procesos de movilidad humana.

A lo largo del ciclo de movilidad (Figura 1), las migrantes enfrentan distintos riesgos y se exponen a sufrir distintos tipos de violencia basada en el género. A continuación, se presentan los riesgos que se deben enfrentar antes de salir del país de origen, durante el trayecto, en el país de acogida y en el retorno.

1. Antes de la salida del país de origen.

Uno de los riesgos presente desde el comienzo del proceso de movilidad se vincula con la falta de información sobre los trámites que se deben realizar para migrar, el desconocimiento de cuáles son los documentos que se requieren y cuáles los derechos y obligaciones que se tienen. No contar con estos datos expone a las migrantes a mayor vulnerabilidad.

Factores estructurales presentes en Venezuela, en particular la pobreza, la falta de condiciones de salud o la escasez de alimentos, generan que las personas en general y las mujeres en particular, se trasladen sin contar con los recursos mínimos para hacerlo, se desplacen por carreteras y por vías no idóneas, donde se verán sometidas a amenazas de distintos tipos. En no pocas ocasiones son estos factores los que llevan a las mujeres a tomar la decisión de irse de su país de origen y en un círculo perverso, estos factores son a su vez los que generan los mayores riesgos de ser víctimas de violencia basada en género.

En otros casos, ante las situaciones de violencia que viven en su país de origen, la migración se convierte en una opción para romper el ciclo de agresión y abusos (Secretaría General del SICA, 2016).

• Trayecto, cruce de una o varias fronteras.

Durante el trayecto, principalmente si el desplazamiento se realiza por carreteras y sin contar con los documentos migratorios para la entrada regular a los países de tránsito y de destino final, los riesgos se exacerban y las mujeres pueden sufrir distintos tipos de violencia. Así las cosas, se ven expuestas a ser víctimas de abusos o violencia sexual por parte de los compañeros de viaje.

Además, las migrantes son particularmente vulnerables ante los funcionarios estatales fronterizos y miembros de los cuerpos de seguridad, algunos de los cuales, valiéndose de su situación de poder y de la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, las violentan o las obligan a tener “sexo transaccional”, lo que implica, en ocasiones, que les permiten continuar con su desplazamiento, aunque no tengan documentos oficiales, a cambio de sexo.

También en esta etapa, en la cual se tienen que sortear innumerables obstáculos, están presentes las redes de trata de personas. Los y las tratantes saben que las migrantes que transitan por carreteras y en condiciones precarias, son más vulnerables, por lo que las consideran presas fáciles para someterlas a múltiples formas de explotación y violencia sexual.

Sirva de ejemplo de lo señalado el testimonio de la defensora de los derechos de la niñez Mayerlín Vergara, quien relata cómo las niñas y adolescentes venezolanas que se desplazan por el departamento de La Guajira de Colombia, caen en redes de proxenetas y tratantes de personas:

Hay niñas que han sido encerradas en casas de pueblos más pequeños con una proxeneta cobrando y los explotadores entrando. Yo creo que por eso tienen tanto daño, no solamente emocional, sino todas las afectaciones mentales, porque un cuerpo tan chiquito no puede aguantar tanto. Por eso para mí son doblemente valientes, porque soportan todo ese doble impacto de la migración, de dejar su casa, su familia, su escuela, su colegio, pero también todo el impacto de la violencia sexual y de sentirse tan vulnerables y aquí, en un lugar que ni siquiera es su territorio y su país (Citada por Noticias ONU, 5 de octubre de 2020).

Las mujeres que contratan los servicios de un traficante de personas o coyote para pasar fronteras internacionales también se ven expuestas. Ante cualquier obstáculo o problema que se le presente al traficante, lo que empezó como un negocio donde la mujer pagó por ser trasladada, se convierte en trata de persona y esta es vendida o explotada sexualmente.

• En el país de acogida.

La llegada al país seleccionado no termina con los riesgos frente a la violencia basada en género, por el contrario, lo que ocurre es que se enfrentan otros vinculados con distintos factores tales como la precariedad para insertarse al mercado laboral, la falta de redes de contacto, el desconocimiento de los derechos que se tienen y que no se pierden en ninguna circunstancia, la estigmatización sexual del origen nacional, entre otros.

La falta de documentos migratorios lleva a las mujeres a insertarse al mercado laboral del país de acogida en condiciones precarias, lo que genera, si trabajan en la economía informal, verse expuestas a acoso y violencias por parte de los hombres en la calle. 

Los testimonios de venezolanas migrantes en Perú, Colombia o Ecuador que trabajan como vendedoras ambulantes reflejan esta cruda realidad. Las mujeres cuentan cómo tienen que aguantar abusos y violencias, incluso que algún hombre pase y se sienta con derecho a manosearlas, a tocarlas, por el hecho de ser venezolanas.

Las mujeres señalan el acoso sexual como una constante en sus vidas. Quienes venden en los semáforos deben cuidar que hombres que se acercan para comprar no las toquen a ellas o a las niñas y adolescentes que las acompañan, y no pueden evitar que les soliciten servicios sexuales. Cuando responden a un anuncio o una oferta de empleo frecuentemente se encuentran que la opción de trabajo que les ofrecen es atender en bares y clubes, una forma disimulada de ofrecer trabajo sexual, o directamente les hablan de ello (Carcedo, 2020, p. 60).

La estigmatización sexual del origen nacional, la representación social de la venezolana como prostituta, coqueta, “roba marido”, las expone a ser víctimas de abuso o agresión, lo que a su vez genera una carga emocional en su vida, que afecta su salud e incluso su autoestima.

Es muy fuerte…muy fuerte, horrible. Yo ya no me maquillo ni nada, a veces ni hablo para que no noten que soy venezolana. Apenas te escuchan el acento y ya te quieren faltar el respeto. En Venezuela no era así, siempre había algún pasado que te quería faltar el respeto, pero aquí creen que tengo un cartelito en la frente que dice que estoy disponible… De verdad que es horrible (Entrevista realizada por la autora de esta nota a Clara, Barranquilla, Atlántico, Colombia).

A lo dicho en este aparte se debe agregar el desconocimiento que tienen las mujeres migrantes sobre sus derechos. Con bastante frecuencia creen que por estar en una condición irregular y no tener documentos migratorios, carecen de derechos, por lo que ante las múltiples violencias y abusos a que son sometidas por ser migrantes venezolanas, callan, no denuncian y soportan en silencio la agresión. Esta situación es agravada en ocasiones por los integrantes de las fuerzas públicas que no cumplen con su obligación de garantizarles sus derechos humanos, que siempre están vigentes independientemente de su situación administrativa y, por el contrario, contribuyen o son ellos quienes los violan.

• En el retorno.

El retorno al país de origen, principalmente cuando no es voluntario sino forzado, bien sea por las circunstancias actuales de la pandemia del Covid-19 o por la deportación, también representa un desafío para las mujeres y se enfrentan con unos riesgos particulares. 

Por ejemplo, actualmente, el retorno de personas de nacionalidad venezolana por carreteras y su concentración masiva en el Norte de Santander, expone a las mujeres migrantes a la violencia basada en género. En los lugares donde deben permanecer, bien sea en albergues o a la intemperie, donde no hay condiciones mínimas de privacidad, pueden ser víctimas de abusos y de violencias sexuales.

El retorno sin medios económicos de subsistencia, con el mantenimiento de los factores que generaron la salida, la pobreza, condiciona las posibilidades de integración de las migrantes retornadas, al mismo tiempo que siguen expuestas a ser víctimas de violencias o caer en redes de tratantes de personas.

Lo narrado en las páginas de esta nota pretendió mostrar los riesgos que tienen las mujeres, las niñas y las adolescentes migrantes de ser víctimas de violencia basada en género durante todas las etapas del desplazamiento, ello supone la necesidad de tener en cuenta estos factores a la hora de tomar acciones, diseñar programas y ejecutar proyectos encaminados a garantizarles el derecho humano a una vida libre de violencias.

Es importante seguir fortaleciendo los canales de información, que las migrantes conozcan cuáles son sus derechos, dónde poder acudir, que no se sientan abandonadas o solas ante casos de abusos y violencia sexual. Por último, que siempre tengan presentes que tienen derechos por ser personas, por ser mujeres, independientemente de su origen nacional.

Referencias bibliográficas

Arnoso, M., Arnoso, A., Mazkiaran, M., & Irazu, A. (2013). Mujer inmigrante y violencia de género: factores de vulnerabilidad y protección social. Migraciones, (32), 169-200. 

Carcedo, A. (2020). Reinventarse sobre la marcha: Mujeres refugiadas y migrantes de Venezuela Un estudio de sus condiciones y accesos a medios de vida en Colombia, Ecuador y Perú. R4V y PNUD.

Magliano, M. J. (2015). Interseccionalidad y migraciones: potencialidades y desafíos. Revista Estudos Feministas, 23(3), 691-712. https://doi.org/10.1590/0104-026X2015v23n3p691 

Noticias ONU (7 de octubre de 2020). La situación de las niñas venezolanas en Colombia es “para ponerse a llorar”, describe Mayerlín Vergara. Recuperado de: https://news.un.org/es/story/2020/10/1481932 

ONU Mujeres (2010). El ciclo de la vida y la violencia. Recuperado de: https://www.endvawnow.org/es/articles/298-el-ciclo-de-la-vida-y-la-violencia.html

Secretaría General del SICA (2016). Factores de Riesgo y Necesidades de Atención para las Mujeres Migrantes en Centroamérica. Estudio de actualización sobre la situación de la violencia contra las mujeres migrantes en la ruta migratoria en Centroamérica. Recuperado de: http://www.humanosphere.org/wp-content/uploads/2016/11/Factores-de-riesgo-y-necesidades-de-las-mujeres-migrantes-en-Centroame%CC%81rica-WEB.pdf 

Viveros-Vigoya, M. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. Debate Feminista, (52), 1-17. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.df.2016.09.005  

 

Dhayana Carolina Fernández-Matos

@dhayanamatos

Desde finales del 2019, pero principalmente a principios de enero de 2020, los ojos de la opinión pública internacional se trasladaron a China debido al brote de una pandemia, desconocida por la comunidad científica internacional, que estaba causando estragos en la provincia de Wuhan. El 11 de marzo de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó que lo que en esos primeros meses del año se había abordado como una epidemia pasaba a ser una pandemia: el Covid-19. Manifestó, además, que el coronavirus no se trataba solo de un problema de salud pública, sino que se estaba en presencia de una crisis que afectaría a todos los sectores de la vida social (Arroyo, 2020).

La rapidez con la que se extendió la pandemia encendió las alarmas de muchos Estados, algunos de los cuales –entre los que se cuentan los países latinoamericanos que concentran el mayor número de personas migrantes de nacionalidad venezolana– comenzaron a tomar medidas para hacerle frente.

Una de las estrategias más comunes fue el aislamiento obligatorio preventivo y el confinamiento. En este último caso, se trata de distintas acciones que buscan reducir las interacciones sociales para lo que se usa el distanciamiento social, el uso de mascarillas de forma obligatoria, la restricción de las horas de circulación, cierre de fronteras, restricción o suspensión del transporte público, entre otros (Sánchez-Villena y De La Fuente-Figuerola, 2020).

Estas medidas redujeron sustantivamente la actividad económica de la mayoría de los países que las implementaron. Se generó una crisis económica que afectó a muchos sectores, entre los que destacan el sector servicio, de la restauración, las ventas ambulantes, entre otros donde se concentra el mayor número de personas migrantes venezolanas.

De esta manera, a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se le sumó la crisis económica. Esto se transformó en un cóctel peligroso que, por una parte, exacerbó los riesgos de exclusión y la vulnerabilidad social de la población venezolana migrante y, por otra, aumentaron los niveles de xenofobia.

Desde el principio se dijo que el COVID-19 no hacía distingos sociales y que se podía contagiar de igual manera una persona de los sectores más privilegiados de la sociedad como una perteneciente a los más pobres. Sin embargo, esa es una verdad a medias. Es cierto que cualquier persona puede contraer el coronavirus, pero es indudable que las posibilidades de atención sanitaria requerida no son iguales; quienes no tienen recursos para hacerle frente a la enfermedad tienen mayores riesgos. Y definitivamente, las personas migrantes en condición administrativa irregular se encuentran entre las poblaciones más vulnerables ante la pandemia.

En el caso de las mujeres migrantes, el COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado en sus vidas por diferentes razones que explicaremos a continuación.

Aumento de la xenofobia

La pandemia estuvo acompañada de un rechazo a las personas migrantes –principalmente de quienes se encuentran en condiciones de pobreza y transitan por las calles buscando el sustento para sus familias– bajo el argumento de que transmiten la enfermedad.
En el caso de las mujeres migrantes, la xenofobia es particularmente grave ya que, por una parte, se limita sus posibilidades de recibir atención en los centros de salud, situación que resulta muy peligrosa para las gestantes, ya que por estas circunstancias no pueden controlar su embarazo.

También afecta a aquellas mujeres migrantes que sufren de violencia de género, ya que las limita de obtener la atención y los servicios psicológicos, legales y sanitarios (incluidos los referidos a la salud sexual y reproductiva) como víctimas de este delito.

Situación económica

La inserción laboral de las mujeres migrantes, principalmente las que se encuentran en condiciones administrativas irregulares, se realiza de manera precaria y en aquellos sectores identificados como “propios” de las mujeres en la división sexual del trabajo. Es por ello que se concentran en el trabajo doméstico remunerado, en el sector servicio en actividades como peluquería, limpieza, entre otros, y en la economía informal.

Con los cierres y restricciones de impuestos para hacerle frente a la pandemia, uno de los sectores que más ha sido golpeado es el de la economía informal, lo que ha repercutido significativamente en la vida de las migrantes por varias razones. En primer lugar, porque muchas de ellas son las encargadas del mantenimiento del hogar y de la familia, no solo de los integrantes que la acompañan en el país de acogida sino de enviar remesas a Venezuela. Al limitarse las posibilidades de obtener el sustento diario, su situación de exclusión y de vulnerabilidad social aumenta. A ello hay que agregarle que aumentan los riesgos de ser víctimas de explotación sexual y de trata de personas.

El sector servicio aun no arranca a los mismos niveles existentes antes del inicio de la pandemia, ello implica que no tiene la capacidad de captar a todas las personas que trabajaban anteriormente. Esta situación se agrava en el caso de las mujeres migrantes irregulares que no tienen documentos para una contratación laboral legal, lo que lleva a que se les rechace o se les pague mucho menos que a las nacionales por el mismo trabajo.

En el caso de las que realizan labores domésticas remuneradas, muchas han sido víctimas de explotación laboral durante la pandemia. Los/as empleadores/as las han obligado a mantenerse en el hogar, pernoctar en él y no ir a ver a sus familiares, con la amenaza de despido en caso de no cumplir con estos requerimientos. Esta permanencia en el sitio de trabajo ha generado violencia, acoso, falta de privacidad y una excesiva carga de trabajo que las ha llevado a estar disponible prácticamente las 24 horas del día. A ello debe agregarse que, en ocasiones, son obligadas a atender personas con COVID-19, lo que las pone en riesgo de ser contagiadas y afectar su propia salud (OIM y CEPAL, 2020).

Mayor inseguridad frente al virus

La precaria situación económica que tienen las mujeres migrantes genera que no cuenten con los recursos para comprar mascarillas, alcohol antibacterial, ni cumplir con otras medidas recomendadas (por ejemplo, el lavado continuo de las manos) para enfrentar al Covid-19 (OIM, Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, 2020).

Problemas vinculados con las viviendas y los desalojos

La gran mayoría de las mujeres migrantes cabezas de hogar tienen bajo su cuidado a personas menores de 18 años, por lo que los desalojos tienen un impacto desproporcionado en sus vidas (Plataforma R4V y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2021). Actualmente, por la pérdida de ingresos debido al Covid-19, algunas no cuentan con los recursos para pagar el canon de arrendamiento o el pago diario de la habitación a los propietarios y por ello son desalojadas.

Además, se pueden ver expuestas a sufrir acoso y distintas manifestaciones de violencias por parte de los arrendatarios, quienes se aprovechan de su situación de poder y de la vulnerabilidad de las migrantes, para solicitar, y en algunos casos exigir por la fuerza, sexo a cambio del pago.

Algunos gobiernos de la región latinoamericana para prevenir el aumento de la indigencia entre personas migrantes durante la pandemia, emitieron normativas vinculadas con las prohibiciones temporales de desalojos que expiraron o están a punto de expirar (Noticias ONU, 2021).

Sobrecarga de cuidado

Mundialmente, el Covid-19 ha tenido un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres que, ante el confinamiento, el cierre de escuelas, de centros de atención para adultos mayores y por otras circunstancias, han visto un aumento exponencial del trabajo doméstico y las labores de cuidado que realizan.

En el caso de las migrantes, la pérdida de sus fuentes de ingresos y de sustento, principalmente en el caso de aquellas dedicadas al trabajo doméstico remunerado y a la economía informal, ha generado que el cuidado de otras personas recaiga desproporcionadamente en ellas (OIM, Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, 2020).

Violencia contra las mujeres y Covid-19

Durante la pandemia, la cifra de casos de violencia contra las mujeres ha sufrido un aumento importante, sobre todo de aquella que ocurre en el contexto de las relaciones de pareja y en los espacios domésticos, debido a que las víctimas han tenido que estar encerradas con sus agresores.

En el caso de las migrantes, la precariedad laboral, la dependencia económica del agresor, la falta de documentos para una estancia regular, la falta de redes de contacto a quienes acudir en caso de agresión, genera que se encuentren en una situación muy peligrosa, donde, incluso, en algunos casos puede estar en riesgo su vida.

Reflexión final

Es importante que las medidas de atención destinadas a la población en movilidad tomen en cuenta el impacto que esta pandemia ha tenido en las mujeres, las adolescentes y las niñas, y se busquen soluciones que incorporen un enfoque de género, interseccional y de derechos que tome en cuenta sus necesidades.

Referencias bibliográficas

Arroyo, J. (11 de marzo de 2020). Coronavirus: la OMS declara la pandemia a nivel mundial por Covid-19. Redacción médica. Recuperado de https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-pandemia-brote-de-Covid-19-nivel-mundial-segun-oms-1895

Noticias ONU (17 de febrero de 2021). Desalojados y en la indigencia, la dura realidad de muchos migrantes venezolanos durante la pandemia de COVID-19. Recuperado de: https://news.un.org/es/story/2021/02/1488212

OIM y CEPAL (2020). Covid-19: desafíos para América del Sur. N° 11 – Mujeres migrantes en el contexto de la pandemia. Recuperado de: https://oig.cepal.org/sites/default/files/n-11-mujeres_migrantes_en_el_contexto_de_la_pandemia.pdf

OIM, Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe (2020). Los riesgos adicionales de la COVID-19 para las mujeres migrantes, y cómo abordarlos. Recuperado de: https://rosanjose.iom.int/site/es/blog/los-riesgos-adicionales-de-la-covid-19-para-las-mujeres-migrantes-y-como-abordarlos

Plataforma R4V y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2021). Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Análisis de los principales impactos y necesidades. Febrero 2021. Recuperado de: https://r4v.info/es/working-group/285

Sánchez-Villena, A. y De La Fuente-Figuerola, V. (2020). COVID-19: cuarentena, aislamiento, distanciamiento social y confinamiento, ¿son lo mismo? Anales de Pediatría, 93(1), 73-74. https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2020.05.001

 

El proceso de movilidad humana en Venezuela ha adquirido relevancia mundial por el impacto social, económico y político que tiene en la región. En momentos de confinamiento obligatorio y de pérdida de los medios habituales de vida, la vulnerabilidad de las personas migrantes es todavía mayor, situación que preocupa no sólo por la cantidad de personas a las que afecta (5.202.270 a julio 2020 según datos de OIM) sino porque en algunos casos les lleva a tomar el camino del retorno ante la imposibilidad de subsistir en otros países. A la fecha, Migración Colombia contabiliza 81 mil retornos, razón por la cual se han tenido que implementar medidas de reingreso progresivo en las fronteras que representan grandes retos a la superación de riesgos tanto al contagio del virus como a mantener un acceso seguro y efectivo a bienes y servicios esenciales (salud, educación, agua, saneamiento e higiene, gas y protección) y asegurar condiciones de alojamiento dignas y seguras para las personas en movilidad.

Ante esta nueva realidad que significa la pandemia por la COVID-19, la ONU advierte que “es probable que la recesión económica a nivel mundial traiga consigo un fuerte aumento de las tasas de desempleo e incremente la trata transfronteriza de personas procedentes de países que experimentan caídas duraderas en el ámbito laboral. Una recuperación asimétrica de la próxima crisis económica mundial incrementará los riesgos de explotación de las personas con necesidades económicas que buscan una vida mejor en el extranjero. Esta circunstancia puede verse agravada en el caso de que la recesión económica se combine con una reglamentación de movilidad más estricta.”

Latinoamérica experimenta un incremento importante de trata de personas, como han reflejado los medios de comunicación, entre los cuales Mulier ha hecho un gran esfuerzo por monitorear la cantidad de víctimas venezolanas identificadas. Sin embargo, esta realidad no es exclusiva de Venezuela, por esta razón queremos tener una mirada más allá de nuestras fronteras para evidenciar la situación en Centro y Suramérica con representantes de estos países y compartir experiencias, así como buenas prácticas.

Frente a un panorama que parece intensificar el riesgo de las poblaciones vulnerables, es necesario discutir y promover acciones que nos permitan proteger a la población de este delito. Es por esto que Éxodo, en alianza con HIAS y Mulier, los invita a participar en el II Seminario “La Trata de Personas, más allá de nuestras fronteras” con ocasión de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas.

Caracas: 19/02/2020. Este miércoles 19 de febrero, la Asociación Civil Éxodo, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en Venezuela, realizó el conversatorio “Movilidad humana de la población venezolana, tendencias y perspectivas para 2020”, con el objetivo de estimular el papel de la sociedad civil, como sector determinante a la hora de incidir en la generación de políticas públicas.
Se estima que diariamente alrededor de 5.000 personas en promedio abandonan el país en búsqueda de mejores condiciones de vida, lo que constituye el mayor movimiento de población en la historia reciente de América Latina.

Durante la dinámica que tuvo lugar en la sede del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), en Caracas, la licenciada Agueda Marín, especialista Regional Senior en Asistencia y Protección a Migrantes en la OIM para América del Sur, con más de 18 años de experiencia en temas de protección de personas migrantes en situación de vulnerabilidad, expresó que los factores de riesgo junto a la precariedad de las condiciones en la que se desarrolla la migración y el contexto de los países de destino donde existen redes delictivas dedicas a la trata de personas aumentan la vulnerabilidad.

Considera factores de riesgo el hacinamiento en las casas, adolescentes jefes y jefas de hogar, niñez sin identificación o en situación de mendicidad y una baja tasa de denuncias.

Señaló que el perfil de las personas vulnerables a la trata es amplio y afecta tanto a mujeres como a hombres, jóvenes e incluso niños y niñas, sin embargo ve con preocupación: los casos de personas que pernoctan en las paradas de autobuses, familias fragmentadas y aquellas que recurren al sexo por supervivencia, entre otros.
También manifestó que «una cosa es lo que se escucha de Venezuela, y otra es lo que se conoce» Este tipo de eventos permite una mirada externa e interna del país.
Destacó además que los verdaderos expertos en el tema son las y los migrantes, «quienes lo viven en carne propia».

En este sentido, señaló que la alta movilidad de migrantes incrementa la cifra de trata de personas.

La situación de los caminantes es mucho más precaria, porque hay caminos de hasta 10 días o más, lo que representa mayor vulnerabilidad para ellos.
Añadió que las necesidades más sentidas de los migrantes son salud, educación, alojamiento y protección (principalmente por abuso, explotación, violencia).
Asimismo, apuntó que la xenofobia y la discriminación es un factor que también representa vulnerabilidad.

Marín participó el año pasado, vía videoconferencia, en el Foro: Las mujeres, niñas y adolescentes riesgos asociados a la trata, esclavitud sexual y prostitución forzada en el contexto migratorio.

Por su parte, Dorennys Angulo, Directora Ejecutiva de Éxodo, señaló que esta actividad permite intercambiar propuestas acerca del fenómeno migratorio, «la idea es decir qué se puede hacer desde cada espacio, para no quedarnos aislados» y puso a disposición la página web de la organización www.exodo.org.ve un espacio denominado E-Éxodo en el que se publicarán este año artículos en línea para visibilizar el trabajo de quienes apoyan a las víctimas y que muy poco se conoce.

Acotó que el fenómeno migratorio afecta de forma diferenciada a las mujeres, tal razón dedica sus actividades a visibilizar esta realidad. Éxodo es una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación, asesoramiento, sensibilización y formación en materia de movilidad humana en contextos seguros, incorporando el enfoque de Derechos Humanos, de género e interseccional de forma transversal a todas sus acciones. @exodoac 

El viernes 18 de octubre la Embajada Argentina celebró el Seminario “Los Peligros del camino”: Violencia  sexual y de género en mujeres venezolanas migrantes, contando con la participación de representantes del sistema de Naciones Unidas –Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados: ACNUR, Organización Internacional para las Migraciones: OIM,  organizaciones no gubernamentales -ÉXODO, NATIVO, CEPAZ- y el sector académico –Universidad Católica Andrés Bello-.

El evento contó con una fuerte presencia de mujeres líderes locales de diferentes regiones de Venezuela, representantes de organizaciones sociales especializadas en temas de género y DDHH, así como parlamentarias locales y miembros del cuerpo diplomático.  El Embajador Eduardo Porretti resaltó la importancia para los países de la región de incluir la perspectiva de género en las agendas de desarrollo y de DDHH.

Durante la ronda de preguntas, los asistentes abordaron el impacto transversal de la temática de género en la comunidad venezolana, así como la necesidad de implementación de mecanismos de control, educación y difusión  sobre los factores de riesgo que enfrentan las venezolanas en medio del actual proceso de emigración en un delicado contexto económico, social y político.

 Finalmente, el Embajador Eduardo Porretti destacó la importancia de contar en la Embajada argentina con un espacio de encuentro sobre temas de género -así como de otras temáticas relevantes para la agenda de desarrollo del país y la región- en base a los lineamientos de la política exterior argentina, que tiene a la protección y promoción de los DDHH como eje fundamental.

Éxodo, Organización No Gubernamental (ONG), realizó un taller de formación para las integrantes de la Red de mujeres de Amnistía Internacional, acerca de los riesgos asociados a la migración por vías irregulares, como la trata de personas y otras formas de violencia de género.

La importancia de este tipo de talleres formativos radica en advertir a aquellos ciudadanos y ciudadanas, incluidos niños, niñas y adolescentes,  que migran del país con la intensión de trabajar, pero son engañados y terminan siendo explotados ya sea laboral o sexualmente, convirtiéndose de esta manera en una víctima de trata de personas.

La directora de la ONG Éxodo, Dorennys Angulo, explicó que esta ONG busca crear conciencia acerca de la situación de las víctimas de la trata de personas, también promover su protección y sus derechos.

En septiembre de 2015, se adoptó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, entre sus 17 objetivos se incluyeron metas para poner fin a la trata de personas, así como cualquier forma de violencia y explotación, especialmente contra niñas y mujeres.