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Venezolanas sobrevivientes de trata con fines de explotación sexual fueron rescatadas en Lanzarote, España

Venezolanas sobrevivientes de trata con fines de explotación sexual fueron rescatadas en Lanzarote, España

Reina Baiz Villafranca

@AbogadaReinaBaiz

 

En el artículo de prensa se destaca que fueron liberadas 11 mujeres que se encontraban en situación de explotación sexual en Lanzarote, España, al señalarse que de acuerdo con los agentes de la Policía Nacional han liberado a 11 mujeres que eran explotadas sexualmente por una organización criminal en Lanzarote.

 

Las sobrevivientes fueron captadas en sus países de orígenes, principalmente Colombia y Venezuela, utilizando como estrategia de captación las ofertas de trabajo en España como empleadas del hogar o webcammers (personas que transmite vídeo en tiempo real por internet utilizando una cámara web).

 

Estas mujeres eran sometidas a un sistema de multas y vivían hacinadas en habitaciones sin puertas ni ventanas, donde eran obligadas a prostituirse para saldar la deuda que podía alcanzar los 10.000 euros. La investigación comenzó gracias a la denuncia de dos víctimas y ha permitido la detención de seis personas en Arrecife y la intervención de 9.085 euros y 2.200.000 de pesos colombianos en metálico.

 

La red criminal captaba a las víctimas en sus países de procedencia, donde contaban con colaboradores encargados de localizar a mujeres en situación de escasez y penuria económica. Estas personas le ofrecían falsas ofertas de trabajo en España, como empleadas del hogar o para realizar transmisiones por internet con contenido erótico, pero sin contacto físico con clientes.

 

Tras aceptar la propuesta, el entramado financiaba y gestionaba todo lo relacionado con el traslado hasta Lanzarote, simulando un viaje turístico y aleccionando a las víctimas sobre cómo comportarse para no levantar sospechas en los controles fronterizos.

 

Ya en la isla canaria, los explotadores trasladaban a las mujeres a un piso prostíbulo ubicado en Arrecife. En esta localidad les retiraban el pasaporte y eran informadas de que habían adquirido una deuda económica cercana a los 10.000 euros, teniendo que saldarla con la prostitución. En esta vivienda, las mujeres estaban en condiciones indignas, hacinadas en literas distribuidas en varias habitaciones que no tenían puertas ni ventanas, asegurando su control y vigilancia.

 

Además del piso, la organización utilizaba un local ubicado en el Puerto del Carmen para explotar a sus víctimas. En este espacio, simulaban ser un centro de masajes que solo estaba abierto durante las noches y para clientes que demandaban servicios sexuales de mayor nivel o duración. La organización obligaba a las mujeres a estar disponibles las 24 horas del día, sin poder rechazar ningún servicio y a consumir drogas en el caso de que se les requiriera.

 

La deuda impuesta por la red criminal se incrementaba continuamente por un sistema de multas que dificultaba a las mujeres poder satisfacerlas. Las sanciones rondaban los 20 y 40 euros y eran impuestas por hechos como no limpiar, no sacar la basura o regresar al piso después de la hora permitida. Los investigados se quedaban con el 40% de los ingresos generados por las mujeres, aunque realmente estas no recibían cantidad alguna hasta que no saldaban la deuda contraída.

 

La organización criminal realizaba la publicación de servicios sexuales en páginas web especializadas y varias encargadas, conocidas como «mamis». Otra de las funciones de la red era atender los teléfonos de contacto a los que llamaban “los clientes” (prostituyentes / explotadores) y de controlar el pago de los servicios, que se podía hacer en metálico, tarjeta bancaria o a través de una aplicación de pago por teléfono móvil. En los inmuebles, los investigados vendían diversas sustancias estupefacientes a “los clientes”, principalmente cocaína y tutsi (cocaína rosa) como también medicamentos indicados para la disfunción eréctil.

 

Durante la operación policial se han registrado seis inmuebles de las localidades de Arrecife y Puerto del Carmen, en los que se ha intervenido 9.085 euros y 2.200.000 pesos colombianos en efectivo, además de 55 gramos de tutsi y otras cantidades de cocaína y marihuana. También se interceptaron 100 comprimidos para la disfunción eréctil, cuatro teléfonos móviles y gran cantidad de documentación relevante para la investigación. De momento, la operación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

 

Finalmente, para reflexionar de acuerdo con Naciones Unidas por cada víctima de trata de personas rescatada, 10 permanecen en situación de explotación, en el procedimiento policial fueron rescatadas 11 mujeres, permaneciendo 110 en explotación, siendo un llamado de atención a los Estados, organizaciones especializadas en la materia y la sociedad en general para seguir enfatizando en la prevención de tan aberrante delito, es necesario el trabajo conjunto y coordinado.

 

Fuente:

 

Liberadas 11 mujeres explotadas sexualmente en Lanzarote. Disponible en: https://www.rtve.es/noticias/20240605/liberadas-11-mujeres-explotadas-sexualmente-lanzarote/16133873.shtml?s=08.    

  

 

 

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Dos venezolanas sobrevivientes de trata de personas con fines de explotación laboral rescatadas en Costa Rica

Dos venezolanas sobrevivientes de trata de personas con fines de explotación laboral rescatadas en Costa Rica

Reina Baiz Villafranca

@AbogadaReinaBaiz

 

Autoridades de Costa Rica ejecutaron el martes 28 de mayo de 2024, Fiscalía adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes llevaron a cabo tres allanamientos en las provincias de Alajuela y Heredia, en Costa Rica, para rescatar a dos venezolanas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral.


De acuerdo con el artículo de prensa, en la operación fueron detenidos una mujer de apellido Peng, con nacionalidad costarricense, y un hombre de apellido Feng, de nacionalidad china, detalló en un comunicado la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), quedaron bajo las órdenes del Ministerio Público en Costa Rica.


Precisando que la investigación inició con una denuncia, llegándose a determinar que las personas detenidas habrían captado a las venezolanas rescatadas siendo adolescentes en el año 2018 y se presentaron como sus garantes en Costa Rica.

 

“Ya en territorio costarricense las obligaron a trabajar en dos locales comerciales de su propiedad, con jornadas mayores a 12 horas, sin días de descanso, de lunes a lunes, sin tiempo para ingerir alimentos, sin remuneración económica ni aseguramiento médico, violentando así sus derechos”, explicó la DGME.

 

Aunque al ingresar a Costa Rica, las sobrevivientes se mantuvieron estudiando, sin embargo, dadas las cargas de trabajo impuestas por los investigados, no continuaron, y fueron sometidas a la explotación laboral, trabajando hasta altas horas de la noche para realizar el cierre de los mismos.


De acuerdo con las autoridades, la ahora detenida de apellido Peng, de nacionalidad costarricense, se encargaba de mantener coaccionadas a las víctimas, reteniéndoles sus pasaportes y evitando que salieran de los domicilios o locales comerciales.

 

Por su parte, Feng, de nacionalidad china, figura como administrador de los locales comerciales, mantenía control sobre las víctimas y supervisaba que cumplieran con las jornadas y tareas asignadas.

 

Fuente:

 

Rescatan a dos venezolanas víctimas de trata de personas en Costa Rica. Disponible en: https://cactus24.com.ve/2024/05/28/rescatan-a-dos-venezolanas-victimas-de-trata-de-personas-en-costa-rica/.  

 

Esclavizadas 2 venezolanas adolescentes por una pareja china en Costa Rica. Disponible en: https://laverdaddevargas.com/esclavizadas-2-venezolanas-adolescentes-por-una-pareja-china-en-costa-rica/.  

 

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Feminización de las migraciones ¿Qué significa ser mujer y migrante?

Por: Claudia Vargas Ribas


Aunque se trata de un tema mucho más complejo como leeremos en las próximas líneas, podemos resumir que la feminización de las migraciones se refiere a los cambios en la composición por sexo, en la movilidad y la visibilidad de las implicaciones que tiene en la vida social y procesos migratorios de las mujeres (Jaramillo y Pacecca, 2020).
Según el informe mundial para las migraciones (2022) 3.5% de la población de mujeres a nivel mundial son migrantes, representando el 48% de la población total en movilidad.

En el caso de América latina y el Caribe las mujeres alcanzan el 51% de la población migrante, según el informe ¿en qué situación están los migrantes en América latina y el caribe? (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2023), para el caso de Venezuela -que sigue siendo uno de los principales desplazamientos de población en la región- las mujeres alcanzan el 50.7% (Departamento de Estudios Económicos y Sociales, DESA, 2020). Aun cuando las cifras ya nos indica una tendencia creciente -y en algunos casos superior- de mujeres en movilidad, poco o nada se conoce sobre las barreras adicionales que implica la migración para ellas, aspectos a los que se le suman falta de estadísticas diferenciadas para conocer la dimensión, políticas con perspectiva de género en contextos migratorios y un reconocimiento más amplio a los aspectos cualitativos sobre lo que implica ser mujer y migrante.

Por ello, nos gustaría llevar la reflexión hacia esos aspectos adicionales que tiene la movilidad en el caso de las mujeres, lo que parece una decisión personal, para ellas se convierte en un compendio de consideraciones adicionales donde aspectos privados y públicos condicionan el proceso. Entre los aspectos privados encontramos la familia y sus características, tenencia de hijo/as, si son jefas de hogares, valores culturales, etnia, raza, religión, condiciones de vida, nivel de instrucción y que además se mezclan con factores del entorno público como el contexto país, articulación de ese país con el sistema internacional, percepciones y construcciones sobre este país a lo externo y los condicionantes provenientes de los roles de género que habitualmente la sociedad asigna a la mujer.

En el análisis migratorio debemos tener muy presente las distintas formas en las que estos roles y estereotipos de género condicionan la movilidad de las mujeres, pues estos prejuicios desencadenan formas de discriminación, violencia y por lo tanto vulneraciones de sus derechos antes, durante y después de la migración, y que muchas veces pasan desapercibidos. A continuación, algunos de los más evidentes y sus implicaciones:

Madres “transnacionales”: se trata de aquellas mujeres que emigraron dejando a sus hijo/as en el país de origen y con quienes mantienen relaciones a distancia valiéndose de elementos disponibles (celulares, cartas, teléfonos y las propias remesas-ayudas económicas). Para estas madres, el reto comenzó antes de irse a otro país, pues su fecha de “salida” estuvo condicionada a la resolución de distintos aspectos; en primer lugar, de garantizar cuidadores/as para sus hijo/as, que sean o no del entorno familiar, significa de manera inmediata asumir nuevas responsabilidades y cargas económicas, planificar según las características de su familia, lo relacionado a las rutinas de los hijo/as que deja: continuidad de sistema educativo, servicio de salud, vestimenta, vivienda. En segundo lugar, las implicaciones psicológicas de “querer o tener” que emigrar, uno de los impactos más importantes que tienen las madres migrantes es que se les condena por no priorizar este rol, existe un estigma alrededor de estas mujeres por romper con el esquema tradicional que se espera de ellas, contraria a la perspectiva de la migración masculina donde parece “natural” que el proveedor salga del hogar aunque eso signifique dejar lo/as hijo/as; con esto no queremos decir que la ruptura o separación es un hecho menor dentro de la familia, pero sí queremos evidenciar la distorsión que existe al condenar con mayor fuerza cuando es la mujer quien sale del hogar.

Adicionalmente la “transnacionalidad” de estas relaciones se mide no solo a través de la capacidad de reformular su rol a la distancia con presencia digital, sino también de cumplir económicamente por los gastos y necesidades de los hijos/as, el lugar donde se quedan y también por la “ausencia”, en este sentido, tener un ingreso en el país destino es, desde antes de la emigración, casi obligatorio.

Tradicionalmente las mujeres emigraban por reunificación familiar, el hombre solía irse primero del país (por distintas razones) y luego esta (con el grupo familiar) lo encontraba en el país destino, donde según su situación le concedía algún estatus migratorio, así como los recursos para su manutención, eso ha cambiado. La migración actual de las mujeres, responde a muchas dinámicas como la incorporación al mercado laboral, responsabilidad de la jefatura de hogar, oportunidades académicas y laborales fuera del país de origen que no necesariamente la contemplan dentro de una relación de pareja o grupo familiar.

Además de sortear distintos factores en el lugar de origen, al proceso se suman otras variables que pueden exponerla a una cadena de violencias y discriminación en el tránsito e incluso condicionar su llegada, por ejemplo, si viaja sola o acompañada, el estatus migratorio (tenencia de papeles, visa, permisos) para entrar en los países destino, ya que esto determina las actividades económicas a las que podría o no tener acceso, las rutas que utilizan (regulares, irregulares), ya que si son irregulares el crimen organizado podría interceptarlas en el camino, si cuenta con redes de apoyo en el destino que puedan acompañarlas y ofrecerle al momento de llegada, vivienda, acceso a servicios básicos, comunicación y un mínimo de orientación.

En muchos casos, sobre todo en aquellos donde las mujeres se ven obligadas a migrar de manera forzada (por temas personales o del país de origen), lo hacen con una altísima desinformación, no solo de lo que necesita saber para migrar, sino sobre sus derechos y a donde acudir como mujer y extranjera. Es evidente que al no medir el fenómeno de migración de mujeres, las políticas de los estados receptores son inexistentes, pocas o no están articuladas, en contextos migratorios es muy común ver funcionarios/as de seguridad, migración o salud que no conocen los derechos de las mujeres, no pueden orientarlas en alguna denuncia y por lo tanto quedan expuestas a personas o informaciones inexactas que pueden implicar pérdida de tiempo, dinero, verse en riesgo su estadía en los países, así como expuestas a redes de extorsión que las procuran para distintas formas de explotación.


Formas de explotación: en este punto intervienen múltiples factores y pueden producirse tanto en ámbitos públicos como privados. Y es que las formas de explotación pueden darse tanto en el país de origen (sobre todo si hablamos de trata) como en el tránsito y países de destinos. En estas formas entra la servidumbre, explotación laboral (muchas horas o trabajos forzados), acoso, abuso sexual, desnudez forzada, amenazas, intimidación, ya sea en la vía de mano de otros migrantes, delincuentes o incluso organismos de seguridad en fronteras, también por necesidad muchas mujeres se ven forzadas a sexo transaccional o a la prostitución.

Trata de personas: la trata puede producirse incluso desde el país de origen con distintas modalidades, según el informe internacional de trata 65% de las mujeres y niñas son víctimas, siendo los principales factores de riesgo la migración irregular y necesidades económicas. Si consideramos la tendencia a la cosificación de cuerpos de la mujer, la violencia simbólica a la que está expuesta, que haya migrado en condiciones irregulares o forzadamente, las necesidades que se crean o lo que se espera de su migración en el país de origen, encontramos que las probabilidades de ser víctima aumentan.

Violencia familiar – intrafamiliar: Este hecho que es casi exclusivo al ámbito privado (aunque tiene su resolución en políticas públicas) se refiere a que existe evidencia que las mujeres migrantes, por estatus migratorio y condiciones de salida, pueden estar expuestas a distintas formas de violencias dentro del hogar, que no llegan a ser denunciadas. Esto obedece a que muchas de ellas dependen de sus parejas (principales agresores) para obtener la documentación necesaria o porque al trabajar en el hogar, sector informal o con salarios más precarizados, no cuentan con recursos económicos para independizarse.

Sexualización de espacios: Cultural y socialmente se asume o se les atribuyen a las mujeres roles asociados al servicio, cuidado, maternidad de su hogar o de otros. Esta cifra aumenta en el caso de las mujeres migrantes, según datos de la Organización Internacional del trabajo (OIT) 79.9% de las migrantes en el mundo hacen trabajos domésticos y de cuidados, los cuales no son los mejores remunerados, suelen ser más
forzados, en los que se invierte mayor número de horas y donde la capacidad para desarrollar habilidades o ejercer profesiones, se desdibuja o queda anulada.
En el caso de América latina y el Caribe, específicamente refiriéndonos al sur donde la mayoría de la población migrante es proveniente de Venezuela y son mujeres, lo que observamos que existe mucha dificultad para la integración jurídica, económica y social; el sistema de restricción de entrada a partir de la solicitud de visas en los principales países receptores (exceptuando Colombia) como Chile, Perú y Ecuador, ha incrementado la irregularidad migratoria, exponiéndolas a trabajos informales, mal remunerados, desempleo, relaciones peligrosas de dependencia, prostitución forzada y explotación. En cuanto a lo social, las mujeres provenientes de Venezuela han sido blanco de varios actos de xenofobia y suelen ser hipersexualizadas, siendo por ello violentadas en el espacio público, digital e incluso en ámbitos privados comunitarios, impidiendo o
limitando su integración con la comunidad receptora, ser consideradas objetivamente para trabajos acorde a sus capacidades, a realizar actividades educativas, sociales y/o laborales fuera del hogar producto de esta vulneración.

Por todo lo anterior es más que necesario darle mayor visibilidad a las distintas implicaciones que tiene ser mujer y migrante, a nivel regional y mundial, donde el cambio climático, las desigualdades y la des-democratización de los países están generando desplazamientos. Las mujeres siguen condicionadas a roles que deben deconstruirse, la
cadena de violencia que proviene de la falta de regularidad migratoria las aleja de sus derechos, del acceso a la justicia, les afecta psicológica, social y familiarmente manteniéndolas expuestas a violencia intrafamiliar, trata, feminicidios y discriminaciones en espacios públicos y digitales, pero también a violencias psicológicas en las cuales son recriminadas por dejar a sus hijo/as en países de origen o por querer mejorar su calidad de vida a través de la migración.

Necesario es mirar la feminización de las migraciones como un hecho inminente que merece análisis y respuestas distintas para poder atender efectivamente a las mujeres que se desplazan, queda en evidencia que tener un estatus regular, redes de apoyo, información, organizaciones e instituciones a donde acudir puede marcar grandes diferencias, y hacia eso debemos apuntar como sociedad civil organizada, academia y servicios gubernamentales, empezando por generar estadísticas diferenciadas,
caracterizando su situación y transversalizando cada política con un enfoque interseccional, pues lo que le pasa a las mujeres tiene repercusiones en su entorno inmediato, entonces las políticas deben y necesitan orientarse hacia un marco más amplio y holístico.

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Riesgos de la población migrante en contexto de migración forzada e irregular

   

Por Claudia Vargas Ribas

 

Según el informe de riesgos globales 2023 publicado por el foro económico mundial, la “migración involuntaria a gran escala” será uno de los principales riesgos en los próximos 2 y 10 años para el mundo. Evidentemente esta “involuntariedad” se refiere a que, por distintas razones y probablemente en diferentes niveles y formas, las personas tendrán que migrar de manera forzosa.

La Organización internacional para las migraciones (OIM) define la migración forzosa como el movimiento migratorio de personas impulsado por diversos factores que incluye el uso de la fuerza, compulsión o coerción (Glosario de migraciones, 2019). Actualmente vemos que uno de estos factores es medioambiental, donde encontramos los efectos del cambio climático (y sus consecuencias) que obligan a las personas a salir de su país o región de origen; por otro lado, los factores sociopolíticos: guerras, conflictos, persecuciones y la violación de derechos humanos también han causado grandes desplazamientos en la actualidad: caso de Siria, Afganistán, Sudan, República del Congo, más recientemente Ucrania y en el caso más cercano, Venezuela (por mencionar algunos).

Con lo anterior queremos destacar que, si bien la migración forma parte de una decisión personal, al existir factores externos que la induzcan y precipiten, la circunstancias en la que se produce -y por lo tanto sus efectos para los países emisores, receptores y migrantes- cambian, ya que genera múltiples riesgos, y si a esto le agregamos que el desplazamiento además de forzado es irregular, las vulneraciones aumentan.

A continuación, queremos destacar algunos de los riesgos más comunes y las consecuencias que generan para la población migrante:

Barreras para la integración en los países de acogida: al ser una migración forzada -aunque estas personas puedan tener un estatus migratorio regular (que no es común en estos casos)- generalmente se enfrenta a cambios en su dinámica de vida; hay una adaptación repentina que debe hacer al nuevo entorno, formas de vida, idioma (si fuera diferente), costumbres y lidiar con la percepción de narrativas existentes en la sociedad destino sobre personas migrantes y particularmente sobre la nacionalidad que representan.

En este punto nos referimos a las dificultades que las personas migrantes pueden tener para su regularización, ya sea a través de la obtención de alguna visa, permisos de trabajo/estudiantes, protección humanitaria, refugio, asilo o afines que de otorgársele, le permitirían (según sus características) acceso al mercado laboral, a institutos educativos (para estas personas o sus hijo/as), aprendizaje del idioma (cuando sea el caso), acceso a servicios de salud, bancarización, viviendas y contratación de servicios básicos.

Generalmente lo que se observa es que al fallar el tema de la regularización se desencadena una serie de efectos cuyo resultado, en resumen, es el escaso o nulo acceso al resto de derechos básicos en sociedades receptoras.

Discursos discriminatorios, xenofobia, aporofobia como resultado de lo anterior y por la evidencia que se conoce en investigaciones e informes, se generan narrativas negativas asociadas a la población migrante, desde discursos políticos que giran en torno a la “seguridad” y “gastos” que representa recibirlas, especialmente si tiene altos grados de vulnerabilidad, que van propagándose en medios de comunicación, redes sociales y entre la población donde también tienen altos riesgos de ser discriminados y rechazados porque “pueden ser delincuentes”, “han saturados servicios educativos y de salud” o “llegan a quitar puestos de empleo a los y las nacionales.

Estos discursos pueden condicionar su llegada, así como la permanencia y adaptación, lo cual además de traerles unas consecuencias económicas y sociales, puede generar efectos en su salud física y mental por la presión que significa no poder acceder derechos básicos, generar recursos para mantenerse, ayudar a su familia en países de origen y por el riesgo a deportación.  Tales circunstancias generan otras dinámicas donde puede ser víctimas de explotación laboral, sexual, extorsiones y diversas formas de violencia.

La discriminación de migrantes genera discursos de odio, impide el aprovechamiento de la capacidad productiva e intelectual de estas personas y las pone a la sombra de los Estados donde están al acecho vulneraciones y el crimen organizado.

Crimen organizado en contextos de migración:  La migración forzada, más específicamente la irregular, está expuesta al crimen organizado que se desarrolla en torno a la movilidad. La migración en estos contextos se vuelve un negocio para actores / actoras que ven en la necesidad y vulnerabilidad su oportunidad para ganar dinero y por supuesto, capturar personas.

El crimen organizado en contexto de movilidad es muy variado, desde aquellas personas que se aprovechan de la población migrante en hospedajes, caminos, en “servicios” de transporte, hasta aquellos más conocidos como los denominados “coyotes” (quienes pueden pertenecer o no a bandas criminales organizadas); por otro lado, se encuentran quienes ya sí hacen parte de la delincuencia organizada y capturan personas a través de medios digitales o establecimiento de relaciones directas con las posibles víctimas en el país de origen, durante el tránsito o en países de acogida.

Aunque cualquier persona puede ser víctima, existen factores que exacerban esta posibilidad, salir de manera inesperada de un país (por más que haya cierta planificación) es una de ellas. Cuando la movilidad es forzada generalmente se utilizan vías terrestres o marítimas que son peligrosas, donde la presencia de organismos de seguridad de ambos Estados (receptor y emisor) no llega o es muy limitada, las personas que se desplazan por estas vías generalmente no tienen documentación o al menos no toda la necesaria para el ingreso a los países destinos y el hecho de viajar solo/a o acompañado/a representa otro factor de riesgo, también en estas vías clandestinas existe la posibilidad de que haya grupos irregulares armados como el caso de la fronteras colombo-venezolana y Brasil donde el tránsito se aprovecha para capturar personas.

Riesgos de salud física y mental: La organización mundial de la salud publicaba que muchas personas refugiadas y migrantes en condición de vulnerabilidad tienen mayor riesgo de peor salud. Al tener diversas limitaciones están expuestas a condiciones de vida que son perjudiciales: hacinamiento, falta de acceso a servicios como agua potable, alimentación inadecuada y por falta de documentos, información y/o dinero el acceso a servicios de salud tampoco está garantizado. En cuanto a la salud mental las variables pueden ser muchas: desde la forma de viaje y experiencia en el tránsito, la condición migratoria y en las que viven en los países de acogida, su situación personal, los niveles de adaptación, pueden generar ansiedad, ataques de pánico y cuadros depresivos por todo lo que implica o implicó su proceso migratorio.

Desapariciones y muertes: Este punto no se desvincula de los anteriores, pues cualquiera de los riesgos y consecuencias mencionados puede generar que las personas sufran desapariciones forzadas o incluso la muerte a manos de la delincuencia organizada y también en el trayecto, el informe sobre las migraciones en el mundo ( 2022) señala que la mayoría de las muertes y desapariciones en contextos migratorios ocurrieron en vías clandestinas.

En este punto, es necesario mencionar que la complejidad se intensifica cuando hablamos de mujeres, niñas y adolescentes (MNA) en contexto de migración. La desigualdad estructural que tienen las mujeres en el mundo se evidencia durante la movilidad y son más perjudiciales si provienen de un país o región que se encuentre en un contexto de crisis humanitaria o si están en situación irregular, que según el Informe sobre panorama global humanitario (2022), 49% de MNA tienen irregularidad migratoria o son solicitantes de asilo/refugio lo que significa que las desigualdades, violencias y/o vulneraciones están prácticamente aseguradas.

El primer desafío al que se enfrentan es la ruta y la forma en la que salen de sus países, donde a su vez intervienen otras variables como la ruta que utilizaron, medio de transporte (marítimo, terrestre, aéreo, fluvial) si son rutas clandestinas, si viajan solas, acompañadas y la situación administrativa (regular-irregular). Durante el recorrido están expuestas a múltiples formas de violencia derivadas de los riesgos, algunas invisibles como la vigilancia de parte de la delincuencia organizada o la intimidación y otras más evidentes como amenazas, acoso, abuso y explotación sexual, violencia física, desnudez forzada, desapariciones, trata de personas para distintos fines de explotación y hasta femicidios/feminicidio producto de la sexualización de sus cuerpos.

Existen también otras situaciones que pueden condicionar su estancia en países receptores y resultar en riesgos u otros tipos de violencias particulares, por ejemplo, mayor supeditación (por su nivel de vulnerabilidad)  hacia la familia, cónyuge o contactos que pueda tener en el país destino, este tipo de dependencia puede generar ambientes de violencia económica, reforzamiento de estereotipos normalmente asignados a mujeres y migrantes como cuidadora, labores domésticas así como chantajes y extorsiones por su situación jurídica, y en el caso de mujeres con niños, niñas y adolescentes, que estos sean usando para manipularla ejerciendo así violencia vicaria.

Como se puede ver las formas de explotación son múltiples y pueden presentarse de manera diferente según el contexto, algunas son más conocidas como aquellas con fines de explotación sexual o laboral que incluye servidumbre, mendicidad, matrimonios serviles o adopciones irregulares, los reclutamientos forzosos para actividades delictivas, cadenas del narcotráfico y para extracción forzada de órganos (Trata de personas, esclavitud moderna, OIM), pero todas constituyen el mismo crimen.

Considerando que la migración “involuntaria a gran escala” es un riesgo latente en el corto y largo plazo, al que se le suman otros como cambio climático, crímenes informáticos (utilizados para pornografía, captación y extorsión en ambientes de trata) más la polarización política y erosión de la cohesión social según lo dicho por el foro económico mundial en su último informe de riesgos globales, debemos saber que tenemos grandes desafíos para poder prevenir y evitar mayor vulnerabilidad de las personas en contexto de movilidad y especialmente entre las MNA, que finalmente son el 48% de la población migrante en el mundo (Informe sobre las migraciones en el mundo, 2022).

Pensando en el caso venezolano es necesario entender que hay varios factores que ponen en riesgo a la población en movilidad: por una parte, se mantiene la emergencia humanitaria compleja, hecho que, en distintos niveles, genera un flujo mixto que puede usar o no vías regulares para salir del país, a ello debemos agregar la precarización de las condiciones económicas, sociales y políticas de la región (principal destino de población venezolana) que ha apostado más por “restringir” y “controlar” los flujos, también el aumento de la conversación negativa sobre los y las migrantes, especialmente desde el discurso político, opinión pública en los países de mayor acogida y la altísima sexualización de la mujer migrante venezolana.

Como organizaciones y sociedad civil organizada es necesario procurar la disminución y eliminación de riesgos por lo cual recomendamos acciones que procuren:

  • Identificar espacios de mayor vulnerabilidad para fortalecer los mecanismos de información sobre riesgos de emigrar en condiciones vulnerables
  • Explicar las distintas modalidades de trata, por una parte, para que puedan ser identificadas de manera más efectiva las víctimas y por otra, para evitar nuevos casos.
  • La mejor ruta es la información: explicar a las personas sobre sus derechos aun en contextos de migración, sobre las organizaciones y lugares a los cuales recurrir para denunciar o preguntar, la importancia de tener redes de apoyo y que tengan contacto permanente con estas personas en todo el camino, desconfiar de ofertas “mágicas” o “muy buenas”, validar datos de empresas, personas que les hayan contactado con alguna oferta laboral en el exterior, no perder de vista las personas con las que viajan y tampoco la documentación.
  • Si quieres conocer más detalles sobre los riesgos te invitamos a revisar y compartir el material de la Mejor Ruta sobre ¿Cómo disminuir riesgos?
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#23DeSeptiembre: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE PERSONAS

 

Reina Alejandra Baiz Villafranca
Directora Ejecutiva de Éxodo

Hoy #23DeSeptiembre se conmemora el DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE PERSONAS, promulgado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres, realizada en Dhaka, Bangladés, en enero de 1999.

Estableciéndose como una fecha emblemática, al ser promulgada el 23 de septiembre de 1913 en Argentina, la primera ley en el mundo destinada a luchar contra la explotación sexual, protegía a las víctimas y penalizaba a los responsables, denominada «Ley Palacios», porque fue redactada e impulsada por el Diputado Alfredo Palacios. La explotación sexual y la trata de personas son delitos sexuales atroces que afectan principalmente a niñas, niños, adolescentes y mujeres, encontrándose en condiciones de mayor vulnerabilidad, como consecuencia de la socialización diferencial, el proceso de cosificación al que se encuentran expuestas/os, de acuerdo con ONU MUJERES, en 2018 “de cada diez víctimas de trata de personas que se detectaron a nivel mundial aproximadamente cinco eran mujeres adultas y, en torno a dos eran, niñas. La mayoría de las víctimas de trata con fines de explotación sexual que se detectaron (el 92 %), eran mujeres”, situación que se incrementa en los contextos humanitarios.

En este sentido, la UNODC señala que la explotación es una «dinámica que se ve exacerbada durante crisis humanitarias caracterizadas por una violencia generalizada, desplazamientos en masa y desintegración de estructuras familiares», a todo ello se le suma el uso de las tecnologías de información y comunicación utilizadas para la explotación sexual de las personas.

Ante lo expuesto anteriormente, resulta preocupante uno de los hallazgos claves en el Informe Mundial sobre Trata de Personas (2022) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC/ONUDD) que es la reducción en 24% en la detección de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual con respecto a 2019, siendo la menos detectada durante la pandemia, sosteniendo que esta modalidad de trata pudo haberse reducido debido al cierre de los espacios públicos, o también pudo haberse desplazado a lugares menos visibles y menos seguros, lo que hizo que esta modalidad quede más oculta y sea más difícil de detectarla, ejecutándose en la clandestinidad, representando un llamado a la acción, porque se conduce a la impunidad, quedando las víctimas expuestas a situaciones de mayor explotación.

Otros datos que debemos tener en cuenta:

• 38,7 % de las víctimas detectadas se encontraban en situación de trata con fines de explotación sexual, siendo la segunda de mayor incidencia (UNODC).
• En Sudamérica las mujeres continúan siendo las principales víctimas (49%). Para el delito de explotación sexual representaron el 87% de las víctimas, en la mayoría de los casos de trata de personas con fines de explotación sexual, el delito se dio en sitios públicos, como bares y clubes nocturnos (48%). 21% de las víctimas se identificaron en apartamentos privados proporcionados por el tratante. Lugares y formas más ocultas son menos detectables y, por tanto, es menor la probabilidad de que aparezcan en las estadísticas (UNODC).
• En Perú – según cifras del Ministerio Público – durante el 2021 y parte del 2022, las fiscalías especializadas en trata de personas han atendido a nivel nacional un total de 3.525 víctimas, de las cuales el 43% son extranjeras, evidenciando una mayor incidencia en víctimas de nacionalidad venezolana, ecuatoriana y colombiana (UNODC).
• De acuerdo con información facilitada por la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRCTPTIM), en el periodo de enero a octubre de 2022, en Lima, se han atendido y rescatado a nivel nacional, un total de 425 víctimas de nacionalidad venezolana, de las cuales 28 eran menores de edad y 397 mayores (UNODC).
• Las mujeres y las niñas representan 4,9 millones de las personas en situación de explotación sexual comercial forzosa (OIT).
• El 12% de las personas en situación de trabajo forzoso son niños. Más de la mitad de estos niños son víctimas de la explotación sexual comercial (OIT).
• Las víctimas de la trata con fines de explotación sexual son controladas principalmente mediante abuso psicológico y también otras tácticas de control psicológico, como la restricción de la libre circulación y las amenazas. (CTDataCollaborative).
• Las víctimas de la trata con fines de explotación sexual son reclutadas con mayor frecuencia por una pareja íntima y es más probable que sean reclutadas por amigos y familiares (CTDataCollaborative).
• La mayoría de las víctimas transgénero/no conformes son objeto de trata con fines de explotación sexual (83%). La mayoría son adultos, pero el 11% son niños (CTDataCollaborative).
• La mayoría de las víctimas de explotación sexual son traficadas para prostituirse, especialmente las mujeres. Sin embargo, entre quienes son objeto de trata con fines de pornografía y servicios sexuales privados hay una mayor proporción de víctimas masculinas (CTDataCollaborative).
• La duración promedio de la trata de mujeres víctimas identificadas por la OIM es de 1,8 años, mientras que las víctimas masculinas son objeto de trata durante un promedio de 2,3 años.
• Las situaciones de conflictos ofrecen un área de oportunidad para los y las tratantes; el número de víctimas aumentó dentro y fuera de las zonas de crisis (UNODC).
• Los y las tratantes cada vez mejor organizados/as explotan a más víctimas, con más violencia y durante más tiempo (UNODC).

Es por ello, que los Estados tienen la obligación de la debida diligencia en la prevención, protección, investigación, juzgamiento, sanción de la trata y explotación sexual, garantizando en todo momento la atención integral y los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de trata y explotación sexual.

Precisamente, los Estados, actores/as claves deben unir esfuerzos en la prevención mediante la lucha contra la demanda, considerando que es una de las causas fundamentales de la trata y explotación sexual de las personas (Principio 4 y directrices conexas).

A través de la #LaMejorRuta promovemos información de calidad y nos sumamos a la lucha contra cualquier forma de explotación y trata de personas, ¡Únete a nuestra campaña!, comparte la información, libérate y libera a las demás personas.

#LibresDeViolencias
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Migración y movilidad de personas venezolanas: Algunos comentarios

 

Por Claudia Vargas-Ribas 1

Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) actualmente hay más de 7 millones de venezolano/as que han emigrado, eso significa que 22% de su población está fuera del país, la mayoría se encuentra en países de América Latina y el Caribe (LAC) y más específicamente en países andinos: Colombia, Perú y Ecuador, en ese orden. Sin embargo, la salida de estas personas -según el período y contexto en el que lo hicieron- ha sido diferente, a partir del año 2016 la población que sale de Venezuela lo hace en condiciones de mayor vulnerabilidad; las rutas terrestres comienzan a ser más frecuentes, incluso algunas personas hicieron el trayecto caminando, otras por la urgencia y necesidad de la salida viajaban sin documentos básicos (pasaporte, apostillas, visas, permisos) o apenas con su identificación y también con escasos recursos económicos, se estima que entre finales del año 2016 y 2018 emigraron de Venezuela unas 2.791.212 personas (con datos R4V).

Esa cifra que daba cuenta de la emergencia humanitaria en Venezuela significó para los países un inesperado y acelerado aumento -en poco tiempo- de población migrante, por lo que las respuestas implementadas obedecían a la emergencia del momento, pero no a la complejidad del fenómeno. Una de las principales “medidas” que tomaron de forma progresiva y con un efecto cadena en los principales países receptores, fue la solicitud de requisitos y/o visas para la entrada de venezolanos/as con el objetivo de “controlar y ordenar” esta migración (ver cuadro de infografía con países y fecha de implementación). Este hecho claramente no detuvo la entrada, pero por las condiciones en las que migraban la mayoría no podían cumplir con tales requisitos, aumentando así la vulnerabilidad de estas personas que para llegar a estos destinos, no solo tuvieron que exponerse por caminos irregulares, redes de “coyotes” y afines, sino que además tenían una situación administrativa irregular que ya los condicionaba a empleos precarios o a la informalidad laboral, nula o escasa integración y dificultad para el acceso a derechos básicos (vivienda, alimentación, salud y educación) situación que la pandemia y sus efectos agudizó.

Este contexto nos lleva a pensar sobre la capacidad o libertad efectiva de movilidad que tiene la población venezolana, para hacerlo consultamos la más reciente publicación de “Henley Passport Index” 2 . Este índice nos muestra que Venezuela tiene acceso a 126 países “sin necesidad” de una visa, a simple vista pareciera indicar que el pasaporte venezolano (para quienes lo tienen) posee gran apertura, pero hay algunos elementos de esta misma publicación que vale la pena resaltar y que muestran que la cantidad no es sinónimo de mayor acceso:

  • Junto al “Passport index”, el Henley Passport Power nos señala que no solo la cantidad de destinos a los que se tiene acceso son importantes, sino la proporción del PIB global que tienen estos países. En el caso de Venezuela, los destinos a los que puede ir nuestros ciudadanos y ciudadanas, sin requerir visa, representan el 32,05% del PIB mundial. Usando esta referencia como un indicador del “poder económico” que tiene el pasaporte venezolano en particular, observamos que se ubica en una de las posiciones más bajas de la clasificación del “Passport index”, lo cual a su vez, refleja las limitadas alternativas que tiene la migración para mejorar sus condiciones socioeconómicas al salir del país.
  • Otro punto de interés del índice es que ratifica lo señalado en párrafos precedentes, la mayoría de los países donde están los/as venezolanos/as o a los que pudieran emigrar por cercanía geográfica, cultural o proceso de reunificación familiar (algunas islas del Caribe, países andinos exceptuando Colombia) tienen restricción de entrada.
  • En resumen, la población venezolana tiene movilidad internacional limitada, incluso aunque posea un pasaporte, lo cual también en términos de precios y tramites no es tan accesible para la población en Venezuela.

Este breve contexto de la situación de movilidad y migración venezolana actual evidencia las restricciones generales que existen para movernos, incluso si no tuviéramos intención de irnos de Venezuela, al mismo tiempo que para aquellas personas que lo han hecho supone limitaciones para la integración y acceso a derechos. Muchas de las políticas en la región de LAC, donde hay más población venezolana, no han trascendido de mecanismos ad hoc, procedimientos transitorios de regularización o no han considerado que las propias barreras impuestas para evitar su entrada han hecho más difícil cubrir costos y/o procedimientos para poder regularizarse, convirtiéndose este proceso en un eterno circulo de limitaciones. Es necesario desde nuestros espacios revisar y sistematizar los mecanismos existentes en la región, identificar qué países han tenido mejores prácticas en este proceso y comenzar a desarrollar recomendaciones hacia soluciones más duraderas en esta materia que finalmente supone el derecho a circular libremente.

ARTÍCULO CON EL CUADRO DE PAISES QUE SOLICITAN VISAS



 


1 Profesora e investigadora en el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar. Socióloga, Magister en Ciencia Política especializada en Políticas públicas, migración general y migración venezolana. Investigadora de Éxodo, A.C.


2 El índice de pasaportes de Henley (HPI) es la clasificación original y autorizada de todos los pasaportes del mundo según la cantidad de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin una visa previa y se basa en datos exclusivos y oficiales de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA ). La metodología de este informe señala que se miden 227 destinos y 193 países. Disponible en: https://www.henleyglobal.com/publications/global-mobility-report/2023-q3


3 El costo de pasaporte por 10 años cuesta $203 y el salario mínimo, según la moneda de cambio y el promedio de bonificaciones aprobadas que no son para toda la población, no pasa de $50 al mes. La otra limitación es geográfica, las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) no siempre son accesibles para todas las personas en Venezuela, en el caso de quienes no viven en ciudades principales de los estados o en zonas rurales, además del costo del trámite deben agregar costos de desplazamiento.


 


            


        


            





    


        
        

            

                

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EDUCANDO EN IGUALDAD DE GÉNERO

            


            


                
Profesora Elvia Villafranca

Coordinadora de Educación de Éxodo, A.C.


Es propicio iniciar con una definición de educación, la cual consiste en un proceso de trasmisión de conocimientos, normas, patrones de comportamientos, valores y costumbres para que la persona logre sus objetivos propuestos y al mismo tiempo la cultura siga existiendo. Llama la atención, la parte que se refiere a patrones de comportamientos, para mantener la continuidad de la cultura…, será acaso que es tiempo de revisar los patrones de comportamiento y sus consecuencias, en especial los relacionados a las distintas formas de la violencia basada en género (VBG).


Por patrones de comportamiento se puede entender que son modelos de conductas, normas, hábitos y costumbres que son aceptadas, compartidas y las personas mayores esperan que se cumplan por las generaciones más jóvenes, otra idea de patrones de comportamiento, es la referida al cumplimiento de normas que dirigen el comportamiento de las personas, por ejemplo, en relación con la familia, el trabajo, tradiciones y costumbres, entre otros aspectos. Es bueno destacar que los patrones culturales desempeñan un papel importante para establecer los límites de comportamiento de un grupo humano en relación con otros grupos.


Observemos que en las definiciones anteriores están presentes los términos normas, costumbres, hábitos y creencias, vamos a revisar cada uno de ellos en relación con el terrible problema de la VBG. Normas, se puede entender como indicaciones previamente establecidas por la sociedad y/o grupo social para el desarrollo de la convivencia social, por su parte costumbre, son maneras de hacer distintas actividades, las mismas tienen vigencia desde hace largo tiempo, y tienen la aprobación social, por ejemplo la manera de vestirse tanto hombre como mujer, de criar a los hijos e hijas, y de distribuir el trabajo del hogar, respecto al hábito, se considera que son acciones y maneras de comportamiento aprendidos con el tiempo, no se nace con hábitos, es el proceso de la continua repetición, que de manera involuntaria la persona realiza sin percatarse de ello, también es conveniente agregar que el hábito tiene gran importancia en el aprendizaje de las personas.


​Respecto a la influencia que los patrones culturales ejercen en el comportamiento de las personas, es pertinente recordar conversaciones familiares, en las cuales las personas adultas resaltaban a las adolescentes y mujeres jóvenes de la familia, que ellas tenían que aguantar la violencia de su pareja, porque así lo hizo su mamá y también su abuela, que lo importante es tener un hombre que la represente, bueno y así por el estilo en otros ámbitos de la vida, costumbres estas que no dan lugar a cambios cualitativos de comportamientos, en donde se practique la igualdad de derechos, de allí la necesidad de revisar, estudiar, investigar y proponer cambios en los patrones de comportamiento, que si bien es cierto ayudan a mantener la cultura, también es cierto que hay formas culturales que no se corresponden con las nuevas legislaciones, con los derechos humanos y con la evolución de las necesidades humanas.


Retomando los patrones culturales, y por supuesto las normas, costumbres y hábitos presentes en la sociedad, es fundamental resaltar, que el niño, niña al nacer y durante el proceso de socialización, los va aprendiendo, primero por imitación, viendo el comportamiento de los padres, madres, hermanos, tíos/as y amigos/as, entre otros, y luego, ya por decisión propia, repite los patrones de comportamiento, en el caso de una sociedad con tradición patriarcal, machista, estos patrones se basan en la desigualdad de género, donde la mujer es considerada un ser inferior, especie de una mercancía que existe para beneficio del hombre y que el trato hacia ella se caracteriza por la violencia, en sus distintos tipos, en especial la psicológica y la física.


Entendiendo que el primer lugar donde se aprenden los patrones de comportamiento es el hogar, es fundamental educar a los hijos e hijas en la IGUALDAD DE GÉNERO. Padres, madres, y demás responsables de la crianza de los niños y niñas deben estar formados/as en la Educación en igualdad, deben poseer las herramientas cognitivas necesarias, especialmente en lo referido a los derechos humanos por igual para ambos géneros, se expresa desde pequeñas acciones, como la participación igualitaria en las tareas del hogar, las expresiones de afecto, y la distribución de beneficios económicos, recreacionales, laborales y patrimoniales, todo ello, en igualdad de condiciones.


Es necesario que la educación en la igualdad de género, se inicie desde tempranas edades, cumpliendo y respetando los derechos humanos tanto de la niña como del niño, de esta forma ambos géneros se respetarán y se asignarán el valor, la dignidad que como PERSONAS le corresponde en la sociedad.


Pero ¿qué acciones pueden contribuir a la igualdad de género? desde el hogar y desde tempranas edades, pueden contribuir a desarrollar en niños y niñas la educación en igualdad de género, las siguientes acciones:


    

  • Compartir las actividades domésticas: es recomendable, distribuir de manera equitativa las tareas del hogar, sin poner en peligro la integridad de niñas y niños, todo ello de acuerdo con las edades y tareas que no requieran de mayor complejidad, evitando siempre el uso de condiciones y sustancias peligrosas, la idea es educarles en la igualdad de género, que desde pequeños/as vayan entendiendo que las tareas del hogar son responsabilidad de todas las personas, esto debe hacerse bajo las orientaciones de los/as adultos/as y considerando siempre dejarles tiempo para el estudio, el descanso y la recreación, que también forman parte de sus derechos humanos.
    • 

  • Reforzar la autoestima y el empoderamiento de las niñas: es fundamental recordar que la imitación al comportamiento, expresiones, gestos y actitudes en general de los/as adultos/as, son realizadas por niñas y niños, de allí es muy importante, que en especial los hombres tengan cuidado con las expresiones que utilizan para referirse a las mujeres y cuál es el trato que brindan a las niñas dentro del hogar. Algunas acciones para reforzar la confianza y el empoderamiento de las niñas son por ejemplo realizar dinámicas y/o juegos en donde las niñas tengan la oportunidad de desarrollar su capacidad de liderazgo y confianza en sí misma, deportes adecuados a su edad para el desarrollo de la fuerza física, juegos armando carros, oportunidad para aprender oficios normalmente masculinos, la idea es brindarles oportunidades a las niñas para que desarrollen todo su potencial en distintas áreas, acciones como estas les harán comprender que no son indefensas, débiles y les brindarán confianza en sí mismas.
    • 

  • Cambios en el comportamiento de adultas y adultos, en especial en las relaciones familiares, evitar expresiones de discriminación entre los géneros, como por ejemplo expresar los hombres son valientes, las mujeres son débiles, se debe trabajar para construir nuevas formas de masculinidades, en las cuales, al hombre, le esté permitido expresar sus sentimientos, las emociones de llanto, dolor entre otras.
    • 



La crianza de los hijos e hijas es una tarea bien compleja, pero sí entendemos que niñas y niños son personas en desarrollo, con derechos humanos, entonces, gran parte de la tarea ya está ganada, educarse en la igualdad de género es una prioridad para la sana convivencia social, a su vez estos niños y niñas del presente estarán educados/as para una vida libre de todas las formas de violencias basadas en género.


Referencias bibliográficas


Martín Criado, E., 2009, “Habitus” en Reyes R. (Dir): Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, volumen 2, Plaza y Valdés, Madrid; pp. 1427. Recuperado en: https://entramadossociales.org/produccion-cientifica/concepto-de-habitus/.


LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela (1996) “Identidad de género y derechos humanos. La construcción de las humanas”, en Guzmán Stein, Laura y Silvia

Pacheco (comps.) Estudios básicos de derechos humanos IV. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica. Recuperado en:

file:///C:/Users/EjAlv/Downloads/RCIEM104%20(2).pdf.


Sarasola, Josemari, «Patrones culturales»; en Gizapedia, 20 octubre, 2022, /patron-cultural-definicion-concepto/. Recuperado en: https://gizapedia.org/patron-cultural-definicion-concepto


 


            


        


            





    


        
        

            

                

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¿Dónde está JENNIFER PAOLA MORA SÁNCHEZ?

            


            


                
 


Aimee Zambrano y Reina Baiz Villafranca


JENNIFER PAOLA MORA SÁNCHEZ, es una joven que al momento de desaparecer tenía 18 años de edad; y que el día 22 de marzo de 2023 cumplió 25 años; a la fecha su familia, amigos y amigas la están buscando activamente.


Jennifer estaba iniciando la carrera de Comunicación Social y quería emprender también la carrera de Psicología; pero su desaparición el 20 de agosto de 2016 dejó todos sus sueños y aspiraciones rotas. Ella se encontraba en el balneario Mi Bohío en Puerto Ordaz, estado Bolívar, junto con su hermana y un grupo de amigas y amigos; y a las 5:30 PM aproximadamente fue sola al sanitario, y esa fue la última vez que la vieron.


Familiares, amigas y amigos buscaron infructuosamente a Jennifer hasta que comenzó a oscurecer, luego colocaron la denuncia, la cual fue procesada 72 horas después de la desaparición. La búsqueda por parte de las personas más cercanas a ella continuó por quince (15) días sin contar con el respaldo de las autoridades.


Han transcurrido más de 6 años sin que la familia, amigos y amigas tengan información de la condición y situación en la que se encuentra Jennifer Mora, las autoridades no han dado oportuna respuesta a la solicitud de justicia e investigación.


Es imprescindible que en Venezuela se incluyan las #Desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes como una forma de violencia en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para así contar con protocolos de investigación, búsqueda y rescate, considerando que cada segundo transcurrido es un paso a la impunidad.


Es necesario implementar medidas de alerta inmediata ante las #Desapariciones, no se puede esperar 72 horas para realizar la denuncia e inicien la investigación penal, se necesita #URGENTE sistemas de alertas como los que se implementan en otros países: Ámber, Alba, Isabel Claudina que permiten salvar vidas.


Basta de revictimización, basta de impunidad. Es una exigencia de los movimientos feministas, de las supervivientes de violencia basada en género y de las y los familiares de las personas desaparecidas en Venezuela.


Por una movilidad humana informada, planificada segura y voluntaria.


#DóndeEstáJenniferMora


#BuscarlasHastaEncontrarlas


#HastaEncontrarla


#DesaparecidasVzla


#NoMásTrata


#NoMásEsclavitud


#NoMásExplotación


#LibresDeViolencias


#UnidasContraLaTrata


#JuntasAvanzamos


#SororidadEnAcción


 


            


        


            





    


        
        

            

                

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Organizaciones de mujeres, feministas y de derechos  humanos proponemos #8AccionesPorLasMujeres

            


            


                
Caracas, 8 de marzo 2022


Para este 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas propusieron como tema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” con el objetivo de reconocer la importante y necesaria contribución de las mujeres, adolescentes y niñas en la construcción de un

futuro más sostenible para todas las personas.


Del mismo modo, la Agenda 2030 para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles incluye la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres, adolescentes y niñas como su objetivo N°5. Para alcanzarlo, los Estados deben poner fin a todas las formas de discriminación contra ellas mediante el desarrollo de normas, políticas públicas y acciones basadas en los principios de equidad y complementariedad, con pertinencia sociocultural, lingüística y enfoque de género intercultural e interseccional. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado consagra la igualdad como uno de sus máximos valores2 y no permite las discriminaciones, esto con el objetivo de alcanzar una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural3. No obstante, se requieren acciones y voluntad para llevarla a la práctica.


La igualdad de género es hoy un concepto efímero en Venezuela, una realidad que se desdibuja ante la profundización de las brechas de género derivadas de la crisis económica, social, política y humanitaria que padece el país desde hace varios años, agudizada por el impacto del COVID 19, que expone a las mujeres, adolescentes y niñas a mayor riesgo y discriminación.


Es imposible hablar de Igualdad de Género en la Venezuela de hoy, cuando: 2.52 millones de mujeres, adolescentes y niñas son población vulnerable4 que no cuenta con los medios para garantizar su supervivencia y requieren una pronta respuesta institucional y comunitaria para prevenir, mitigar y responder a los riesgos de protección. Las mujeres, adolescentes y niñas representan el 56% de la población meta del Plan de Respuesta Humanitaria para 20215.


El número de femicidios se ha más que duplicado en los últimos 5 años, de 122 en 2016 ascendió a 290 en 20216. Los femicidios son la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres que ocurre en el país, no sólo de la que se da en el contexto de las relaciones de pareja, sino también de aquella que se produce a nivel comunitario, de la derivada de la discriminación por razones de identidad de género u orientación sexual, de la expresada en forma de explotación sexual comercial, trata y tráfico de mujeres, adolescentes y niñas, y de la violencia sexual en sus diversas manifestaciones.


La trata es la segunda causa de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela y una forma extrema de violencia basada en género que se encuentra invisibilizada por la misma naturaleza del delito y cuya incidencia es significativamente mayor en población femenina. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito confirma que existe correlación entre la contracción del producto interno bruto (PIB) y el aumento de los flujos de trata originados en Venezuela hacia países de América del Sur, Centroamérica, Europa occidental y meridional, central y sudoriental. Para el primer semestre del 2021, se reporta el rescate de apenas 147 venezolanas tratadas.


El acceso a la justicia para las mujeres que han sufrido una situación de violencia no está garantizado. El 91,5% de las denuncias por violencia contra las mujeres son archivadas o sobreseídas. El número de denuncias de violencia contra las mujeres también ha disminuido drásticamente en los últimos 6 años11. Esto obedece a fallas en la recepción de las denuncias y a la desconfianza de las mujeres en la institucionalidad del sistema de justicia, incapaz de brindar seguridad, protección, tutela jurídica efectiva y reparación.


La violencia hacia las mujeres atenta contra derechos individuales y colectivos fundamentales. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad han sufrido la violencia física en 97,7% y de violencia sexual en 79,5%, generando consecuencias negativas en su esfera personal12 y afectando sus derechos individuales. Por su parte, en los pueblos indígenas, donde las mujeres son garantes de la vida, la existencia y permanencia de las culturas originarias, poseedoras de los conocimientos ancestrales y transmisoras de los valores, principios e idiomas maternos, la violencia contra ellas afecta su esfera personal, representa una amenaza a la continuidad cultural y constituye un factor que perturba la conservación y protección de la madre tierra y la vida en el planeta.


Las mujeres indígenas en Venezuela no cuentan con la protección especial que requieren debido a la interseccionalidad de diversas condiciones de vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres, indígenas, por estar en situación de pobreza y por su cosmovisión. No tienen garantizados sus derechos

humanos, particularmente el derecho a una vida digna, a una vida libre de violencia, a la alimentación y a la salud. De cada 100 indígenas, 10 viven con VIH y no cuentan con los medicamentos para sobrellevar las enfermedades endémicas y disminuir la tasa de mortalidad. La violencia obstétrica y la espiritual se profundizan en esta población que va perdiendo sus costumbres ancestrales. La explotación sexual comercial es una grave realidad en los estados

Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, donde prevalece el estereotipo de inferioridad sexual de las mujeres. También sufren violencia política.


Venezuela no cuenta con normativas referentes a la identidad de género u orientación sexual que brinden protección a las mujeres LBTIQ+, ni leyes integrales que permitan a las mujeres supervivientes defenderse contra la discriminación, o el abordaje a los delitos de odio motivados por

la orientación sexual o la identidad de género.


Las mujeres venezolanas tienen vulnerado su derecho a la salud al no tener acceso a programas de información, prevención, diagnóstico y tratamientos oportunos para condiciones de salud crónicas como el cáncer, hipertensión y el VIH.


Las mujeres trabajadoras suelen percibir un 17.7% menos del salario que los hombres en el mismo cargo; se enfrentan a no ser contratadas por su condición de mujer y posible condición de madre, y no cuentan con espacios de trabajo libre de acoso.


Las mujeres de sectores populares, las más vulnerables, además de pobreza económica poseen pobreza de tiempo. Estas mujeres dedican entre 13 y 16 horas diarias a labores de cuidado y no tienen tiempo para actividades remuneradas.


La crisis de servicios, energética y de transporte hacen más pesada esta carga de cuidados. Las mujeres que están al pie de la cama de sus hijos e hijas en hospitales públicos realizan un trabajo no remunerado y no cuentan con ninguna pensión del Estado16. No se les reconoce su labor como cuidadoras no profesionales, actividad que representa un gran ahorro para el sistema de salud. No existen políticas públicas de cuidado en el país. Las sobrecargas de cuidados en las mujeres reproducen la feminización de la pobreza y las hacen más vulnerables a la violencia.


La educación pública venezolana está en crisis, existe un déficit de docentes -en su mayoría mujeres- que se estima en 24,9%, y de este total, el 40% es debido a la migración forzada17. La deserción estudiantil a nivel básico y medio se situó en un 15% en los últimos tres años. Adicionalmente, hay un deterioro generalizado en servicios (agua, electricidad, internet) e infraestructura, barreras de acceso a materiales educativos y a los propios planteles por la crisis de transporte. La extrema pobreza de la población y las brechas tecnológicas limitan el acceso a la educación a distancia.


Todo esto genera consecuencias negativas en el proceso educativo, bienestar general y salud mental de niñas, niños y adolescentes. En el caso de las niñas y adolescentes se suman barreras asociadas a las cargas de cuidado y a la pobreza menstrual.


Hay vulneración de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Menos de la mitad de las mujeres de 15 a 49 años y apenas el 37,9% las adolescentes sexualmente activas utilizan métodos anticonceptivos. La baja tasa de prevalencia obedece a fallas en el acceso a los mismos, toda vez que más del 50% de las mujeres no pueden comprarlos debido a los altos costos.


Esto repercute en embarazos no deseados, embarazos de alto riesgo en adolescentes, abortos inseguros y en definitiva, en una pérdida de la autonomía física para las mujeres.


Ante esta crítica situación, es necesario llevar a cabo #8AccionesPorLasMujeres, a fin de garantizar los derechos humanos y la protección integral y efectiva de mujeres, niñas y adolescentes venezolanas. En concreto, exhortamos a:


Los donantes, las agencias de la ONU y las organizaciones internacionales humanitarias:


1. Garantizar que el 100% de las acciones de respuesta humanitaria y programas de desarrollo cuenten con un enfoque participativo y centrado en la persona sobreviviente, en el que las mujeres, niñas y adolescentes sean protagonistas de su proceso para salir de situaciones de violencia, así como de su desarrollo integral (económico, psicológico, social y de participación política), el de sus familias y comunidades, a fin de acceder a medios de vida e incentivar la independencia y autonomía económicas.


2. Asegurar que exista una adecuada transversalidad24 del enfoque de género en la Respuesta Humanitaria; que toda acción se dirija a disminuir las brechas de género y que con ellas no se refuercen estereotipos de género, ni sexistas. Estas medidas contribuirán a que la igualdad de género sea posible.


3. Exigir que toda acción o programa, cuente con enfoque interseccional de diversidad cultural y multiétnica, a fin de no generar brechas intragénero y garantizar una respuesta real y efectiva a aquellos grupos de mujeres marcados por vulnerabilidades diversas como mujeres de pueblos indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres con VIH, adultas mayores, lesbianas, mujeres trans, mujeres campesinas, mujeres cuidadoras, mujeres privadas de libertad, entre otras.


4. Instar al Estado venezolano a la actualización, producción y publicación de estadísticas que permitan la formulación de políticas públicas para la erradicación de la violencia, y que promuevan el desarrollo de programas y sistemas de recolección, sistematización y análisis de datos sobre las distintas realidades y problemáticas que afectan a las niñas, adolescentes y mujeres. Así mismo, a que se establezcan los mecanismos o instancias de sinergia para la integración, colaboración y activa participación de las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, comunitarias y defensoras de derechos humanos de la sociedad civil venezolana.


5. Fortalecer las organizaciones de mujeres, feministas, comunitarias y de derechos humanos con trabajo en materia de mujeres, niñas y adolescentes, y proteger la integridad y seguridad personal de las defensoras y feministas. Es urgente corregir la utilización de las organizaciones locales como subcontratadas. Las organizaciones lideradas por mujeres y/o de derechos de las mujeres se encuentran entre los activos más valiosos de la atención a las comunidades y la respuesta humanitaria porque: a) están en la primera línea de respuesta; b) son las que mejor conocen las necesidades y permanecen en el territorio, aun cuando las organizaciones internacionales pasen a atender la siguiente crisis; c) suelen tener un enfoque integral y de largo alcance que supera el modelo de asistencia de corto plazo. Solicitamos que el Coordinador Humanitario lidere un plan de contingencia y mitigación de riesgos, dirigido a organizaciones locales y en específico a organizaciones que promueven los derechos de las mujeres. Los casos de detención, abusos, allanamientos e incautación de bienes que han sufrido distintas organizaciones locales erosionan el espacio humanitario y ponen en riesgo su labor, libertad e integridad personal.


6. Desarrollar presupuestos sensibles al género, que garanticen un porcentaje a las organizaciones de mujeres y feministas, y establezcan mecanismos eficaces de transparencia en la gestión de recursos y la rendición de cuentas. En línea con los compromisos internacionales de la “localización” firmados por organizaciones internacionales y agencias de ONU, como el “Grand Bargain” y “Charter for Change”, los presupuestos deben permitir la implementación directa de las organizaciones locales y cumplir la meta de 25%.


A la institucionalidad venezolana:


7. Garantizar la creación de un mecanismo de participación democrático de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil en la Comisión Nacional para el Cumplimiento del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, instancia creada recientemente en el marco de la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia realizada en diciembre de 2021.


8. Fortalecer las capacidades y herramientas de las servidoras públicas, servidores públicos y de todas las Instituciones que integran el Sistema de Administración de Justicia Especializado en Delitos de Violencia contra las Mujeres, para garantizar un efectivo acceso a la justicia a las niñas,

adolescentes y mujeres en Venezuela, y permitir el seguimiento y control del cumplimiento de las medidas de protección y de seguridad decretadas por los órganos competentes, garantizando así la reparación integral.


ONG que suscriben

Academia de Solidaridad Lucelia. Acción Campesina

Acción Solidaria ALAPLAF

ALMA APFAS

AsoVida – Asociación por la Vida Estado de Mérida. Ateneo Ecológico del Orinoco “Simón Bolívar”

ATRAEM

AVESA


Azul Positivo

Berenjena Empoderada CAIPI

Casa del Nuevo Pueblo.

Cátedra de la Paz y Derechos Humanos “Mons. Oscar A. Romero”

CAUCE

Centro de Derechos Humanos de la UCAB Guayana Centro de Educación Integral Asociación Civil

Gurrufio Portuguesa.

Centro de Estudios de la Mujer Universidad Central de Venezuela.

Centro LGTIQ+ CEPAZ

CERLAS- Red Entretejidas Club de Leones Internacional

Club de Leones Lechería Mujeres e Innovación Codhez

COFAVIC

Comité de Derechos Humanos de la Guajira. Con Ellas

Empre Mujeres Programa de Desarrollo Integral de la Mujer. Por la Fundación Soy Crear

Éxodo Feminismo INC. FUNCAMAMA

Fundación Mavid Carabobo

Fundación para la Defensa Integral de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades

Indígenas del Estado de Zulia.

Fundación Parkinson Carabobo Fundación Váyalo

Fundación Vida Jurídica FundaMujer

Hombres por la Equidad e Igualdad. Juventud Preventiva


Ladeshu -Laboratorio de Desarrollo Humano Médicos Unidos. Carabobo, Venezuela Mujeres para el

Mundo.

Mujeres sin Fronteras

Mujeres Unidas por la Salud. (MUSAS) Mullier

No Permitas Malos Tratos. Nuevo Amanecer

Observatorio Guayanés de Violencia de Género. Observatorio Insular de Violencia de Género.

Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres.

Padres Organizados

Para Salud de Todas – Alianza de organizaciones Parir con Placer

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SOMOS

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Venezolanas GLOBALES Voces Vitales Venezuela Women Riots

Women’s Link Worldwide Red Rosa Venezuela


NOTAS:

1ONUMujeres. Disponible en: https://www.unwomen.org/es/noticias/anuncio/2021/12/dia-

internacional-de-la-mujer-2022-igualdad-de-genero-hoy-para-un-manana-sostenible

2Artículo 2 de la CRBV, ver: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf

3Preámbulo de la CRBV, ver: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf

4Plan de Respuesta Humanitaria. Disponible en:

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/venezuela_plan_de_respuesta_humanitaria

_actualizacion_2021_junio2021.pdf

5Ídem

6https://cepaz.org/noticias/durante-el-mes-de-diciembre-hubo-34-feminicidios-en-venezuela/ Para

otras cifras recabadas por organizaciones de la sociedad civil durante los años 2020 y 2021 ver

Utopix, 2022, en: https://utopix.cc/pix/diciembre-de-2021-son-20-casos-de-femicidios-para-un-

total-de-239-femicidios-este-ano/ y las últimas publicadas por el Ministerio Público en 2016:

Mujeres al Límite 2017, en: https://avesa.blog/informes-sobre-derechos-humanos-de-las-

mujeres/mujeres-al-limite-2017/

7Desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres: una forma de violencia basada en género (2021).

Disponible en:

https://exodo.org.ve/wo-content/uploads/2021/04/Desapariciones-de-niñas-adolescentes-y-

mujeres-en-Venezuela.pdf

8Ministerio público, datos suministrados por la Dirección General de Prevención del Delito en

Recomendaciones para una política pública de identificación y acompañamiento de víctimas (2019).

disponible en: https://exodo.org.ve/wp-content/uploads/2021/04/Desapariciones-de-ninas-

adolescentes-y-mujeres-en-Venezuela.pdf

9Ver: https://rednaranja.com.ve/activismo/mulier-presenta-su-informe-libresyseguras-sobre-

venezolanas-rescatadas-de-redes-de-trata-de-personas-en-el-2020/

10De acuerdo a cifras presentadas por el Fiscal General de la República para el 2020, del total de

denuncias recibidas por violencia contra las mujeres (27.007) sólo el 8,5% llegó a una acusación ante


los tribunales (2.297), Ver:Informe “Venezolanas en Emergencia”. (2021). Disponible en:

https://avesawordpress.files.wordpress.com/2021/12/venezolanas_emergencia_2021.pdf

11En el año 2014, el número de denuncias recibidas por violencia contra las mujeres de acuerso al

Ministerio Público fue de 70.812 (ver Mujeres al Límite 2017, en:

https://avesa.blog/informes-sobre-derechos-humanos-de-las-mujeres/mujeres-al-limite-2017/)

mientras que para el 2022, de acuerdo con información del Fiscal General de la República fue de

27.007 Ver: Informe “Venezolanas en Emergencia”. (2021). Disponible en:

https://avesawordpress.files.wordpress.com/2021/12/venezolanas_emergencia_2021.pdf)

12Ver: http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/las-mujeres-con-discapacidad-son-mas-

vulnerables-padecer-violencia-de-genero#

13Según el Observatorio de Ecología Política de Venezuela.

14ENCOVI 2021. Ver https://www.cinco8.com/perspectivas/como-la-brecha-salarial-de-genero-

afecta-a-las-venezolanas/ 15Op. Cit.

16Mas información en: https://www.lavidadenos.com/lasvocesdeljm/category/madres/

17Diagnóstico de Educación Básica en Venezuela: Reporte Final septiembre 2021. Ver:

https://eneed-venezuela.org/wp-content/uploads/VNZ_Education_Diagnostic_spanish.pdf 18DEV,

CIED y UCAB, 2021, ver: https://elucabista.com/2021/11/10/la-escuela-venezolana-perdio-12-

millones-de-alumnos-revela-nuevo-estudio-de-la-ucab/

19Ídem.

20Según la información emitida por la Unidad Democrática del Sector Educativo, (UDSE), al cual

calificó como una “Catástrofe educativa”.

21Estrategia de enseñanza empleada ante las medidas de confinamiento por COVID-19.

22Estudio realizado en mujeres del Distrito Capital y el estado Miranda.

23Nota AVESA. Disponible en: https://avesa.blog/2021/02/09/impacto-de-la-emergencia-por-covid-

19-en-la-prestacion-y-acceso-a-los-servicios-de-salud-sexual-y-reproductiva-en-distrito-capital-y-

estado-miranda/

24Transversalizar la perspectiva de género es una estrategia para conseguir que las preocupaciones

y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la

elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las

esferas, políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan

beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración

es conseguir la igualdad de los géneros. ECOSOC, 1997.

25La interseccionalidad es una herramienta para el análisis, el trabajo de abogacía y la elaboración

de políticas que aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender la manera en que

conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso que se pueda tener a derechos y

oportunidades, AWID, 2004


#8ActionsForWomen


#8ActionsPourLesFemmes


#8AccionesPorLasMujeres


 


            


        


            





    


        
        

            

                

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  By pruebadmnin 
                

                
8,9 millones de migrantes y refugiados/as de Venezuela es la proyección para 2022

            


            


                
Las proyecciones para este año 2022 indican un incremento en migrantes y personas con necesidad de protección internacional provenientes de Venezuela, llegando a alcanzar la cifra de unos 8.9 millones de personas aproximadamente, ¿Por qué? En este sentido, como bien lo señala, la investigadora Norma Ferrer “la corrupción (específicamente la gran corrupción) puede ser una causa de movilidad humana, ya que impacta directamente sobre la calidad de vida de las personas, erosionando todo el sistema democrático del Estado, debilitando el estado de derecho, creando un nexo entre corrupción y violaciones de derechos humanos, robando el futuro a las personas al destruir el sistema económico, educativo y de salud, generando con esto la migración forzada de millones de personas y la necesidad de protección internacional en muchas otras”.


Es así, como la corrupción es catalizadora de la movilidad humana forzada, masiva, insegura, no planificada, impactando y afectando diferenciadamente a las niñas, adolescentes y mujeres, quienes al verse forzadas a migrar, están más expuestas a las diferentes formas de violencias basadas en género, tan aberrantes como la trata de personas, explotación sexual comercial, sexo por supervivencia, entre otras.


Por ello, es necesario que tracemos #LaMejorRuta para la migración segura, ordenada, responsable, planificada e informada, previniendo los riesgos que pueden encontrarse en la ruta migratoria, pero al mismo tiempo exigiendo a las autoridades de los Estados de origen, tránsito y destino las medidas necesarias y efectivas para la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como lo es la trata de personas en sus distintas modalidades de explotación.


#MigrarConApoyo

#NoMásTrata

#LibresDeViolencias


            


        


            




	
            

        

		
    








    
		

				

					

				

				

			        
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