Dhayana Carolina Fernández-Matos
@dhayanamatos
Desde finales del 2019, pero principalmente a principios de enero de 2020, los ojos de la opinión pública internacional se trasladaron a China debido al brote de una pandemia, desconocida por la comunidad científica internacional, que estaba causando estragos en la provincia de Wuhan. El 11 de marzo de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó que lo que en esos primeros meses del año se había abordado como una epidemia pasaba a ser una pandemia: el Covid-19. Manifestó, además, que el coronavirus no se trataba solo de un problema de salud pública, sino que se estaba en presencia de una crisis que afectaría a todos los sectores de la vida social (Arroyo, 2020).
La rapidez con la que se extendió la pandemia encendió las alarmas de muchos Estados, algunos de los cuales –entre los que se cuentan los países latinoamericanos que concentran el mayor número de personas migrantes de nacionalidad venezolana– comenzaron a tomar medidas para hacerle frente.
Una de las estrategias más comunes fue el aislamiento obligatorio preventivo y el confinamiento. En este último caso, se trata de distintas acciones que buscan reducir las interacciones sociales para lo que se usa el distanciamiento social, el uso de mascarillas de forma obligatoria, la restricción de las horas de circulación, cierre de fronteras, restricción o suspensión del transporte público, entre otros (Sánchez-Villena y De La Fuente-Figuerola, 2020).
Estas medidas redujeron sustantivamente la actividad económica de la mayoría de los países que las implementaron. Se generó una crisis económica que afectó a muchos sectores, entre los que destacan el sector servicio, de la restauración, las ventas ambulantes, entre otros donde se concentra el mayor número de personas migrantes venezolanas.
De esta manera, a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se le sumó la crisis económica. Esto se transformó en un cóctel peligroso que, por una parte, exacerbó los riesgos de exclusión y la vulnerabilidad social de la población venezolana migrante y, por otra, aumentaron los niveles de xenofobia.
Desde el principio se dijo que el COVID-19 no hacía distingos sociales y que se podía contagiar de igual manera una persona de los sectores más privilegiados de la sociedad como una perteneciente a los más pobres. Sin embargo, esa es una verdad a medias. Es cierto que cualquier persona puede contraer el coronavirus, pero es indudable que las posibilidades de atención sanitaria requerida no son iguales; quienes no tienen recursos para hacerle frente a la enfermedad tienen mayores riesgos. Y definitivamente, las personas migrantes en condición administrativa irregular se encuentran entre las poblaciones más vulnerables ante la pandemia.
En el caso de las mujeres migrantes, el COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado en sus vidas por diferentes razones que explicaremos a continuación.
Aumento de la xenofobia
La pandemia estuvo acompañada de un rechazo a las personas migrantes –principalmente de quienes se encuentran en condiciones de pobreza y transitan por las calles buscando el sustento para sus familias– bajo el argumento de que transmiten la enfermedad.
En el caso de las mujeres migrantes, la xenofobia es particularmente grave ya que, por una parte, se limita sus posibilidades de recibir atención en los centros de salud, situación que resulta muy peligrosa para las gestantes, ya que por estas circunstancias no pueden controlar su embarazo.
También afecta a aquellas mujeres migrantes que sufren de violencia de género, ya que las limita de obtener la atención y los servicios psicológicos, legales y sanitarios (incluidos los referidos a la salud sexual y reproductiva) como víctimas de este delito.
Situación económica
La inserción laboral de las mujeres migrantes, principalmente las que se encuentran en condiciones administrativas irregulares, se realiza de manera precaria y en aquellos sectores identificados como “propios” de las mujeres en la división sexual del trabajo. Es por ello que se concentran en el trabajo doméstico remunerado, en el sector servicio en actividades como peluquería, limpieza, entre otros, y en la economía informal.
Con los cierres y restricciones de impuestos para hacerle frente a la pandemia, uno de los sectores que más ha sido golpeado es el de la economía informal, lo que ha repercutido significativamente en la vida de las migrantes por varias razones. En primer lugar, porque muchas de ellas son las encargadas del mantenimiento del hogar y de la familia, no solo de los integrantes que la acompañan en el país de acogida sino de enviar remesas a Venezuela. Al limitarse las posibilidades de obtener el sustento diario, su situación de exclusión y de vulnerabilidad social aumenta. A ello hay que agregarle que aumentan los riesgos de ser víctimas de explotación sexual y de trata de personas.
El sector servicio aun no arranca a los mismos niveles existentes antes del inicio de la pandemia, ello implica que no tiene la capacidad de captar a todas las personas que trabajaban anteriormente. Esta situación se agrava en el caso de las mujeres migrantes irregulares que no tienen documentos para una contratación laboral legal, lo que lleva a que se les rechace o se les pague mucho menos que a las nacionales por el mismo trabajo.
En el caso de las que realizan labores domésticas remuneradas, muchas han sido víctimas de explotación laboral durante la pandemia. Los/as empleadores/as las han obligado a mantenerse en el hogar, pernoctar en él y no ir a ver a sus familiares, con la amenaza de despido en caso de no cumplir con estos requerimientos. Esta permanencia en el sitio de trabajo ha generado violencia, acoso, falta de privacidad y una excesiva carga de trabajo que las ha llevado a estar disponible prácticamente las 24 horas del día. A ello debe agregarse que, en ocasiones, son obligadas a atender personas con COVID-19, lo que las pone en riesgo de ser contagiadas y afectar su propia salud (OIM y CEPAL, 2020).
Mayor inseguridad frente al virus
La precaria situación económica que tienen las mujeres migrantes genera que no cuenten con los recursos para comprar mascarillas, alcohol antibacterial, ni cumplir con otras medidas recomendadas (por ejemplo, el lavado continuo de las manos) para enfrentar al Covid-19 (OIM, Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, 2020).
Problemas vinculados con las viviendas y los desalojos
La gran mayoría de las mujeres migrantes cabezas de hogar tienen bajo su cuidado a personas menores de 18 años, por lo que los desalojos tienen un impacto desproporcionado en sus vidas (Plataforma R4V y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2021). Actualmente, por la pérdida de ingresos debido al Covid-19, algunas no cuentan con los recursos para pagar el canon de arrendamiento o el pago diario de la habitación a los propietarios y por ello son desalojadas.
Además, se pueden ver expuestas a sufrir acoso y distintas manifestaciones de violencias por parte de los arrendatarios, quienes se aprovechan de su situación de poder y de la vulnerabilidad de las migrantes, para solicitar, y en algunos casos exigir por la fuerza, sexo a cambio del pago.
Algunos gobiernos de la región latinoamericana para prevenir el aumento de la indigencia entre personas migrantes durante la pandemia, emitieron normativas vinculadas con las prohibiciones temporales de desalojos que expiraron o están a punto de expirar (Noticias ONU, 2021).
Sobrecarga de cuidado
Mundialmente, el Covid-19 ha tenido un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres que, ante el confinamiento, el cierre de escuelas, de centros de atención para adultos mayores y por otras circunstancias, han visto un aumento exponencial del trabajo doméstico y las labores de cuidado que realizan.
En el caso de las migrantes, la pérdida de sus fuentes de ingresos y de sustento, principalmente en el caso de aquellas dedicadas al trabajo doméstico remunerado y a la economía informal, ha generado que el cuidado de otras personas recaiga desproporcionadamente en ellas (OIM, Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, 2020).
Violencia contra las mujeres y Covid-19
Durante la pandemia, la cifra de casos de violencia contra las mujeres ha sufrido un aumento importante, sobre todo de aquella que ocurre en el contexto de las relaciones de pareja y en los espacios domésticos, debido a que las víctimas han tenido que estar encerradas con sus agresores.
En el caso de las migrantes, la precariedad laboral, la dependencia económica del agresor, la falta de documentos para una estancia regular, la falta de redes de contacto a quienes acudir en caso de agresión, genera que se encuentren en una situación muy peligrosa, donde, incluso, en algunos casos puede estar en riesgo su vida.
Reflexión final
Es importante que las medidas de atención destinadas a la población en movilidad tomen en cuenta el impacto que esta pandemia ha tenido en las mujeres, las adolescentes y las niñas, y se busquen soluciones que incorporen un enfoque de género, interseccional y de derechos que tome en cuenta sus necesidades.
Referencias bibliográficas
Arroyo, J. (11 de marzo de 2020). Coronavirus: la OMS declara la pandemia a nivel mundial por Covid-19. Redacción médica. Recuperado de https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-pandemia-brote-de-Covid-19-nivel-mundial-segun-oms-1895
Noticias ONU (17 de febrero de 2021). Desalojados y en la indigencia, la dura realidad de muchos migrantes venezolanos durante la pandemia de COVID-19. Recuperado de: https://news.un.org/es/story/2021/02/1488212
OIM y CEPAL (2020). Covid-19: desafíos para América del Sur. N° 11 – Mujeres migrantes en el contexto de la pandemia. Recuperado de: https://oig.cepal.org/sites/default/files/n-11-mujeres_migrantes_en_el_contexto_de_la_pandemia.pdf
OIM, Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe (2020). Los riesgos adicionales de la COVID-19 para las mujeres migrantes, y cómo abordarlos. Recuperado de: https://rosanjose.iom.int/site/es/blog/los-riesgos-adicionales-de-la-covid-19-para-las-mujeres-migrantes-y-como-abordarlos
Plataforma R4V y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2021). Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Análisis de los principales impactos y necesidades. Febrero 2021. Recuperado de: https://r4v.info/es/working-group/285
Sánchez-Villena, A. y De La Fuente-Figuerola, V. (2020). COVID-19: cuarentena, aislamiento, distanciamiento social y confinamiento, ¿son lo mismo? Anales de Pediatría, 93(1), 73-74. https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2020.05.001